ANÁLISIS — La decisión del Consejo Electoral Provisional (CEP) de posponer formalmente la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas en Haití —moviendo la fecha del 30 de agosto al 13 de diciembre de 2026— no es una sorpresa: es la admisión formal de un secreto a voces.
La confirmación enviada al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé liquida la quimera de un proceso acelerado y valida la tesis de que convocar a las urnas para agosto constituía una irresponsabilidad desconectada de la realidad legal y territorial del país vecino.
La trampa de las matemáticas y el marco legal
La inviabilidad de agosto era un tema puramente normativo. El decreto electoral del 2 de junio (publicado en el diario oficial Le Moniteur) estableció en su artículo 59.1 la obligatoriedad del empadronamiento para ejercer el voto, fijando un período de registro de 90 días a partir del 20 de julio. Con un censo electoral que cerrará en octubre, pretender votar en agosto implicaba despojar del derecho al sufragio a millones de ciudadanos. El CEP solo terminó reconociendo la barrera que la misma ley imponía.
Un proceso que nace mutilado en el terreno
El cambio de fecha al 13 de diciembre y la proyección de la toma de posesión para el 12 de marzo de 2027 abren un escenario de profunda incertidumbre bajo tres premisas críticas:
1-La desconexión del Gran Puerto Príncipe: El propio CEP admitió que la inscripción de votantes inició excluyendo al Departamento Oeste —donde se ubica la capital— debido al control sangriento de las bandas armadas. Excluir el principal núcleo demográfico y político de Haití equivale a organizar un proceso desprovisto de toda legitimidad (el equivalente en República Dominicana a intentar hacer elecciones dejando fuera al Gran Santo Domingo).
2-Violación del calendario de transición: Al extender el proceso hasta marzo de 2027, el CEP rompe el compromiso original que fijaba la entrega del poder a autoridades electas a más tardar el 7 de febrero de 2027, prolongando un mandato interino cuya fragilidad institucional es insostenible.
3-El factor seguridad sin resolver: El presidente del CEP, Jacques Desrosiers, condicionó la viabilidad de la ruta a la seguridad, recursos financieros y voluntad política. Sin embargo, faltando apenas cinco meses para diciembre, el gobierno de Alix Didier Fils-Aimé no ha logrado arrebatarle el control territorial a los grupos armados en las regiones Oeste, Artibonite y Central.
Fijar fechas en el papel para complacer a la diplomacia internacional no resuelve la crisis estructural. Si no hay control del territorio, el 13 de diciembre de 2026 corre el riesgo de convertirse en un nuevo fracaso en la búsqueda de la institucionalidad haitiana.
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