(Quinta parte de la serie de investigación de NoticiasEnLineaRD sobre el escándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud)
Por: José Abreu (Periodista y director de Noticias en Línea RD)
SANTO DOMINGO.— En el mundo de la justicia, las promesas tienen fecha de vencimiento. Y en el caso del mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de República Dominicana —el supuesto desfalco de más de RD$15,000 millones al Seguro Nacional de Salud (SENASA)— esa fecha lleva meses vencida.
La Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el entonces subdirector de Persecución, Wilson Camacho, anunciaron con énfasis, apenas días después de los primeros 10 arrestos de la Operación Cobra en diciembre de 2025, que vendría una segunda fase demoledora. La llamaron Cobra 2.0. SENASA 2.0. Una nueva etapa que, según prometieron, incluiría a clínicas, médicos y farmacias vinculadas al entramado de corrupción.
Han pasado nueve meses de la promesa del SENASA 2.0. Y el silencio es ensordecedor.
Lo que prometieron y lo que hay
La procuradora Yeni Berenice Reynoso aseguró que el Ministerio Público trabajaba “de sol a sol”, sin descanso, en la investigación que pondría en marcha la Operación Cobra 2.0. No dio fecha, alegando estrategia de persecución. Comprensible al principio. Inexplicable nueve meses después.
“El caso SENASA 2.0 está en manos de un equipo jurídico y aseguramos que habrá una segunda parte, independientemente de los rumores sobre acercamientos o negociaciones”, dijo Camacho. Y añadió que no descartaba que nuevos investigados se acercaran al Ministerio Público a negociar.
¿Negociar? Esa palabra, pronunciada con tanta naturalidad, merece una pregunta directa: ¿significa que mientras se “negocia” en las sombras, los responsables siguen libres y sin cargos?
Aunque no se ha confirmado, se cree que la Operación Cobra 2.0 incluirá en el expediente a clínicas, médicos y farmacias, como parte de una investigación más profunda sobre las irregularidades detectadas dentro del sistema de salud. Se “cree.” Se especula. Nueve meses después, eso es todo lo que hay: especulación.
El elefante en la habitación: Medicar GBC
En medio de ese silencio institucional, hay un nombre que el Ministerio Público parece evitar con llamativa consistencia: Medicar GBC, la cadena farmacéutica que según organizaciones civiles y comunicadores como Mario Herrera constituye uno de los eslabones más visibles y cuestionados del esquema de corrupción en SENASA.
Los datos son conocidos y públicos. Medicar GBC presidida por el señor Raymond Rodríguez, suministraba el 45% de los fármacos adquiridos por SENASA y Salud Pública. Pasó de 50 a 188 sucursales en menos de tres años, un crecimiento que investigadores han calificado como inexplicable sin una fuente de financiamiento extraordinaria. Y opera de la mano de FARMACARD —empresa del Grupo READ ya señalada en la Operación Cobra— aceptando sus pagos y siendo parte del mismo ecosistema comercial que supuestamente drenó los fondos del seguro estatal.
La Fundación Primero Justicia, representada por Miguel Surún Hernández, junto a la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, solicitó formalmente a la Procuraduría General incluir en las investigaciones a Farmacia GBC entre otros nuevos implicados. La solicitud existe. El expediente, al parecer, no avanza en esa dirección.
Un fiscal acusado de corrupción en el corazón del caso
Como si el panorama no fuera ya suficientemente preocupante, en marzo de 2026 estalló una revelación que sacudió la credibilidad del proceso. Un fiscal de carrera que en los últimos años estuvo en los principales casos de corrupción administrativa fue acusado de aceptar sobornos por parte de un encartado en uno de los expedientes. El fiscal Aurelio Valdez formaba parte de la PEPCA, lo que lo mantenía en estrecha coordinación con Wilson Camacho y la titular de PEPCA, Mirna Ortiz.
La corrupción dentro de la institución encargada de perseguir la corrupción. Un fiscal que supuestamente vendió información o protección a los mismos que debía investigar. “La corrupción en el sistema de justicia es una de las peores formas de corrupción, porque, además de afectar la seguridad jurídica, hace que el derecho sea susceptible al dinero”, reconoció el propio Camacho. Una declaración impecable que, sin embargo, obliga a preguntar: ¿cuánto daño hizo ese fiscal antes de ser descubierto? ¿Qué información filtró? ¿A quién protegió?
Las víctimas reales son las farmacias pequeñas y los pacientes
Mientras el Ministerio Público gestiona sus tiempos y sus silencios, los daños colaterales del esquema FARMACARD-SENASA siguen acumulándose. Cientos de farmacias del país aseguran que continúan enfrentando las consecuencias económicas del esquema, con deudas acumuladas por FARMACARD que permanecen sin solución. Según la Asociación de Dueños de Farmacias del Cibao, hay farmacias que llevan hasta dos años sin recibir pagos.
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Pequeños empresarios farmacéuticos que cumplieron con su obligación de dispensar medicamentos a afiliados de SENASA, que confiaron en el sistema, y que ahora cargan solos con una deuda que no generaron. Mientras los grandes actores del esquema siguen esperando su “Cobra 2.0” que no llega.
La pregunta que no puede esperar más
Nueve meses de promesas. Un fiscal acusado de corrupción en el equipo. Medicar GBC sin ningún cargo. FARMACARD desvinculada de SENASA pero con sus deudas sin pagar a pequeñas farmacias. Y 7.5 millones de afiliados del régimen subsidiado cuya cobertura sigue en riesgo.
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¿Dónde está la Operación Cobra 2.0, magistrada Reynoso? ¿Dónde está el SENASA 2.0, doctor Camacho? El país escucha. Los familiares de los pacientes que murieron sin medicamentos escuchan. Y el silencio, a esta altura, ya no es estrategia de persecución.
Ya es una respuesta.
(Análisis basado en información pública y el análisis del comunicador Mario Herrera / NoticiasEnLineaRD)
