Cáncer institucional: El desfalco de RD$3,700 millones en el Oncológico del Cibao exige desmantelar la red de clínicas, farmacias y laboratorios cómplices
Santo Domingo (República Dominicana)-La querella formal interpuesta por el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) contra tres exdirectivos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) por un presunto desfalco de más de RD$3,700 millones de pesos destapa las debilidades estructurales y regulatorias del sistema sanitario dominicano.
Este caso, denominado por el Ministerio Público como Operación Onco 14, guarda un alarmante paralelismo sistémico con el megaescándalo de la Operación Cobra. En este último, el exdirector de la aseguradora estatal, Santiago Hazim, y otros funcionarios fueron señalados directamente por supuestamente recibir sobornos de miles de millones de pesos para validar esquemas de facturación falsificados.
Para erradicar de raíz estas redes de corrupción que desvían recursos públicos vitales para la salud de los estratos más vulnerables, el peso de la justicia no debe limitarse únicamente a los directores o funcionarios de turno. Se hace imperativo enfocar una línea de investigación penal agresiva y simultánea contra toda la red periférica de complicidad empresarial —compuesta por laboratorios, clínicas privadas y prestadoras de servicios de farmacias— que fungieron como los brazos operativos y mecánicos del lavado de activos y desfalco en ambos entramados delictivos.
A continuación se presenta una ampliación analítica con enfoque periodístico crítico.
La formalización de la querella penal por parte del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en el marco de la Operación Onco 14 no solo pone al descubierto un fraude atroz de más de RD$3,700 millones de pesos destinados originalmente a pacientes con cáncer, sino que desnuda el modus operandi de una mafia corporativa de salud que desangra al Estado dominicano. El aplazamiento de la medida de coerción por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago para garantizar el derecho de defensa, abre una ventana crítica: la impunidad persistirá si el Ministerio Público no extiende de inmediato sus allanamientos y sometimientos hacia la red externa de clínicas, laboratorios clínicos y consorcios de farmacias que validaron y procesaron este millonario fraude.
La acusación actual revela cómo el entramado llegó al extremo inhumano de privatizar habitaciones públicas cubiertas por SeNaSa para cobrarlas de manera directa y arbitraria (entre RD$3,500 y RD$5,000 por noche), obligando a enfermos terminales de escasos recursos a recibir tratamiento médico amontonados en pasillos y salas de emergencia. No obstante, mover miles de millones de pesos en el sistema de seguridad social requiere obligatoriamente de la colusión de terceros prestadores de servicios de salud. Es ahí donde radica el verdadero epicentro de la podredumbre sistémica.
Este caso replica con precisión quirúrgica el precedente de la Operación Cobra, el escándalo que sepultó la gestión del exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim. En dicho proceso judicializado a finales de 2025, tres de los imputados confesaron ante los tribunales haber entregado más de 1,000 millones de pesos en efectivo en sobornos directos a Hazim y a su consultor jurídico, Germán Robles. En la Operación Cobra se evidenció cómo la red criminal orquestó un sistema industrial de falsificación de facturas médicas por servicios fantasmas, cobrando fortunas por quimioterapias nunca aplicadas, cirugías inexistentes y diálisis facturadas a nombre de personas fallecidas.
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El hilo conductor de estas tragedias financieras y humanas es el mismo: la complicidad de centros médicos privados, laboratorios que emitieron resultados falsos y farmacias que simularon despachos masivos de medicamentos de alto costo. Dejar intactas a las empresas y corporaciones privadas que legalizaron el dinero sucio de Hazim o del Oncológico del Cibao es perpetuar la impunidad. La procuraduría especializada debe congelar activos, anular licencias comerciales y procesar penalmente a los propietarios de laboratorios y clínicas involucrados, enviando una señal contundente de que con la salud de los dominicanos vulnerables no se hace negocios mafiosos.
