SANTO DOMINGO.– El proceso judicial por el denominado caso Calamar entra en una nueva y crucial etapa de apelación. El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional avanza de manera formal en el proceso de notificación de los recursos interpuestos por el Ministerio Público y el Estado dominicano, los cuales buscan revertir el auto de “no ha lugar” dictado originalmente a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.
La secretaría del tribunal inició los trámites de notificación correspondientes a los imputados favorecidos y a otros vinculados. Además del exministro de Obras Públicas y el exministro de la Presidencia, el expediente incluye a Daniel Guerrero Mena (hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, quien sí fue enviado a juicio de fondo), así como a los encartados Marcial Reyes y Rosa Arias. Este paso legal es el requisito previo e indispensable antes de remitir formalmente la documentación a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Ministerio Público busca juicio de fondo
Tan pronto los expedientes de impugnación sean recibidos por la presidencia de la sala penal de la corte, se procederá con el apoderamiento y sorteo del tribunal que tendrá la responsabilidad de conocer y fallar sobre los recursos. Las instancias fueron incoadas por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Dirección de Persecución del Ministerio Público y los representantes legales del Estado a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).
La meta de los órganos persecutores es clara: lograr que la Corte de Apelación revoque en su totalidad la polémica resolución emitida el pasado 29 de mayo por la jueza Altagracia Ramírez, y que en su lugar se ordene de forma inmediata la apertura de un juicio de fondo en contra de los exfuncionarios.
Cuestionan valoración de pruebas
En las instancias de apelación presentadas, los fiscales y los abogados estatales sostienen que la decisión del tribunal de instrucción incurrió en graves errores de hecho y de derecho al momento de realizar la ponderación y el desglose del esquema de evidencias depositadas.
Bajo la óptica de la acusación pública, existió una apreciación incorrecta por parte de la juzgadora sobre los elementos probatorios que vinculan de manera directa a Gonzalo Castillo con la estructura de financiamiento político ilícito que se describe en la pieza acusatoria.
Aunque la resolución recurrida admitió de manera parcial la acusación general enviando a juicio a una parte de los señalados, determinó en esa fecha que las pruebas aportadas contra el exministro Castillo y otros coimputados carecían del peso suficiente para abrir un debate de fondo en esa etapa procesal.
Cabe destacar que Gonzalo Castillo, quien fungió como el candidato presidencial oficial del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la contienda electoral del año 2020, se mantiene como una de las figuras políticas de relevancia dentro de dicha organización partidaria en calidad de precandidato presidencial.
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