SANTO DOMINGO. — En el marco de uno de los procesos judiciales por corrupción administrativa de mayor envergadura en la historia reciente del país, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) confirmó que mantiene abierta la vía procesal para alcanzar acuerdos futuros con el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y los demás imputados en el expediente de supuesto desfalco contra la institución.
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, aclaró que, si bien en este momento no existe un pacto formal suscrito, la política institucional del Ministerio Público contempla las delaciones, criterios de oportunidad y acuerdos abreviados como herramientas eficaces para desmantelar estructuras criminales y acelerar la recuperación de los bienes del Estado.
Un desfalco superior a los 15,000 millones de pesos
El expediente instrumentado por el órgano persecutor sitúa a Santiago Marcelo Hazim Albainy como el presunto cabecilla de una red que habría defraudado al Estado dominicano por un monto superior a los 15,000 millones de pesos.
La acusación formal abarca a diez encartados, entre los que figuran:
Rafael Luis Martínez Hazim
Gustavo Enrique Messina Cruz
Germán Rafael Robles Quiñones
Francisco Iván Minaya Pérez
Ramón Alan Speakler Mateo
Ada Ledesma Ubiera
Cinty Acosta Sención
Eduardo Read Estrella
Heidi Mariela Pineda Perdomo
Según las investigaciones, la red operaba mediante la instrumentalización de cargos directivos y la complicidad con prestadores de servicios de salud para cometer delitos de soborno, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación de documentos, prevaricación y lavado de activos.
Colaboración eficaz y variación de medidas
El alcance de los posibles acuerdos se enmarca en la dinámica que ha tomado el proceso. Durante la etapa de investigación, varios imputados lograron la variación de sus medidas de coerción de prisión preventiva a arresto domiciliario, impedimento de salida y garantías económicas, tras admitir su participación en los hechos o aportar información crucial para el fortalecimiento de la acusación.
La Pepca enfatizó que cualquier negociación futura estará estrictamente sujeta al cumplimiento de los requisitos legales, la aceptación de responsabilidad penal y, de manera fundamental, el resarcimiento económico al patrimonio público afectado.
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