(SEGUNDA ENTREGA) Tras la confesión de Nelson Arroyo sobre la falta de centros logísticos estatales, el transbordo de carga hacia Haití se convierte en un dolor de cabeza fiscal. El Ministerio Público ya investiga a empresarios.
Santo Domingo. (Noticias En Línea RD).– La confesión del director general de Aduanas (DGA), Nelson Arroyo, sobre la incapacidad inmobiliaria del Estado dominicano en los puntos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales ha destapado una caja de Pandora sobre la seguridad fiscal y territorial de la nación.
En esta segunda entrega, Noticias En Línea RD analiza el nudo crítico del problema: el limbo jurídico y operativo de los almacenes privados, espacios donde la mezcla de cargamentos lícitos e ilícitos ha forzado un drástico plan de contingencia militar y aduanero que entrará en vigor este 15 de septiembre de 2026.
El problema de fondo no es meramente burocrático, sino de infraestructura. La crisis provocada por las bandas armadas en Haití disparó en un 50% el tránsito terrestre de contenedores por suelo dominicano (unos 3,900 fletes operados por un centenar de empresas). Al no contar con recintos oficiales con espacio suficiente para verificar y transferir semejante volumen de mercancías de un camión a otro, la DGA tuvo que autorizar de emergencia el uso de almacenes privados.
La grieta de la Ley 168-21: Mezclar peras con manzanas
La vulnerabilidad radica en que el sistema de transbordo en almacenes privados no está contemplada en la Ley 168-21 de Aduanas. En la práctica, esto ha creado una peligrosa “zona gris” fiscal. En un mismo galpón privado coinciden de manera simultánea dos tipos de mercancías con estatus jurídicos totalmente opuestos:
- Mercancías del mercado binacional: Productos nacionales y extranjeros libres de aranceles destinados exclusivamente al comercio informal de la frontera.
- Mercancías de tránsito internacional: Carga de alto valor destinada a Haití que tiene estrictamente prohibido ser comercializada o desembalada en territorio dominicano para evitar la competencia desleal y la evasión fiscal.
Al no existir la separación física exigida por los estándares internacionales, el contrabando hormiga y la sustitución de mercancías se han convertido en un riesgo inherente. “No existen los centros logísticos ni la capacidad inmobiliaria instalada para que el tránsito internacional se dé de la manera perfeccionada como establece la ley… No podemos afirmar rotundamente que no exista evasión; el contrabando nació con el comercio mismo”, admitió el propio Arroyo con una crudeza que ha encendido las alarmas en el sector empresarial formal.
El torniquete militar: Custodia obligatoria y cuotas express
Consciente de que el erario público pierde millones de pesos por estas debilidades de control, Aduanas aplicará a partir del 15 de septiembre un fuerte torniquete operativo. La medida más drástica de este plan de contingencia provisional será el uso de mecanismos especiales de custodia militarizada para las operaciones consideradas de alto riesgo, lo que implica que convoyes del Ejército de la República Dominicana escoltarán los contenedores desde los centros logísticos hasta los pasos fronterizos para evitar desvíos en las autopistas.
El plan restringe el libre comercio al imponer un “toque de queda de carga” (prohibido despachar después de la 1:00 p. m.) y una cuota máxima de solo 20 contenedores por empresa, una medida que busca asfixiar logísticamente a las mafias que simulan operaciones de tránsito internacional. Asimismo, las solicitudes de tránsito deberán registrarse con un mínimo de 24 horas de antelación para permitir el cruce de datos por parte de la inteligencia aduanera.
Empresarios bajo la mira del Ministerio Público
La Dirección General de Aduanas confirmó que el desmonte de la denuncia sobre el presunto contrabando de “marcas blancas” en grandes cadenas de supermercados —las cuales demostraron un aumento real del 15% en sus aportes fiscales formales— no significa que el sistema esté limpio.
Arroyo reveló que los expedientes de otras empresas y centros de acopio donde se comprobaron irregularidades contables y desvíos físicos de cargamentos destinados a Haití ya fueron formalmente transferidos al Ministerio Público. Los fiscales adscritos a delitos financieros y contrabando preparan los primeros sometimientos penales y órdenes de arresto contra empresarios logísticos locales y extranjeros que utilizaron la crisis del vecino país para enriquecerse ilícitamente a costa de los impuestos de los dominicanos
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