La procuradora especializada Yoanna Bejarán solicita prisión preventiva estricta contra Ángel Capellán e Isaías Muñoz. Certificados forenses confirman mutilaciones, quemaduras de segundo grado y explotación laboral en falsa fundación.
SAN CRISTÓBAL (Noticias En Línea RD).– El velo de impunidad que protegía a los directivos de la supuesta entidad benéfica que operaba en la provincia de San Cristóbal ha sido desmantelado por completo. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción fijó formalmente para este jueves 3 de septiembre de 2026 la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra el autodenominado pastor Ángel Gabriel Capellán y su principal colaborador, Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, imputados por crímenes atroces de trata de personas, maltrato físico, tortura psicológica y sometimiento a servidumbre forzada en perjuicio de niños desvalidos.
La solicitud de prisión preventiva obligatoria fue depositada por la magistrada Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), en perfecta coordinación con las fiscales litigantes Ramona Santana y Fanny M. Garabitos Guerrero. Las autoridades del Ministerio Público argumentan que los encartados representan un altísimo peligro de fuga y de obstrucción de la justicia tras intentar ocultar evidencias.
El infierno al descubierto: Quemaduras y explotación laboral
El expediente acusatorio desborda detalles perturbadores. Lo que la opinión pública conoció inicialmente como un simple rescate esconde una de las mayores pesadillas de abuso infantil registradas en el municipio de Bajos de Haina. Las pruebas y evaluaciones forenses de laboratorio practicadas al menor de 12 años que logró escapar de forma heroica para denunciar el caso, confirmaron de manera irrefutable múltiples lesiones corporales severas y quemaduras de segundo grado en ambas manos, infligidas de manera intencional como método de tortura.
Asimismo, las pesquisas del Ministerio Público determinaron que los menores rescatados presentaban un cuadro crónico de ausencia de escolaridad obligatoria, siendo forzados diariamente a realizar extenuantes labores de construcción pesada con maderas bajo amenazas de muerte. La supuesta “Fundación Restaurando Vida: Un Muerto que Revive”, ubicada entre los sectores de La Pared y El Carril, carecía absolutamente de cualquier permiso o autorización legal del Estado dominicano para operar como hogar de acogida o para captar fondos públicos y privados.
Operación de rescate y complicidad de madrugada
El caso estalló entre la madrugada del 29 y el 30 de agosto de 2026, cuando allanamientos coordinados entre la Policía Nacional, el Conani y la PETT permitieron el rescate de 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 13 años y una bebé de apenas cuatro meses de nacida.
La Fiscalía vinculó de manera estrecha a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez en calidad de coautor del crimen. Se demostró que, tras el arresto inicial del pastor Ángel Capellán, Muñoz Rodríguez intentó desmantelar la escena del crimen cargando con documentos de identidad de las víctimas y trasladando de forma clandestina a varios menores de edad hacia otra vivienda ajena para evadir la persecución penal. Durante los operativos definitivos, los agentes decomisaron una cantidad considerable de efectos infantiles, bitácoras de recaudación y armas blancas que eran utilizadas para amedrentar a las pequeñas víctimas.
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