Santo Domingo — En lo que representa el reajuste presupuestario más significativo para la judicatura dominicana desde el año 2017, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) anunció un histórico acuerdo alcanzado con el Ministerio de Hacienda y Economía para ejecutar una indexación salarial generalizada que beneficiará a jueces y servidores judiciales de todo el territorio nacional.
El pacto económico es el resultado directo de una mesa de diálogo técnico sostenida entre el órgano judicial y el Gobierno central desde julio del pasado año, bajo las directrices del programa estratégico Plan Justicia del Futuro 2034. Con esta medida, la actual gestión busca saldar una deuda histórica con las condiciones de vida y de trabajo de los profesionales que sostienen la operatividad de los tribunales del país [3547996, hoy.com.do].
Estructura y aplicación de los incrementos
De acuerdo con el documento oficial aprobado por el Consejo, los reajustes de sueldos se aplicarán de manera escalonada priorizando a los sectores de apoyo y base de la carrera judicial:
Incremento General del 30%: Dirigido a la mayoría de los puestos del escalafón jurisdiccional, distribuyéndose en un 20% aplicable para el año 2026 y el 10% restante para el ciclo fiscal de 2027.
Ajustes Superiores de entre 35% y 50%: Destinados estrictamente al personal de apoyo jurisdiccional —donde se incluyen secretarias, abogados ayudantes y personal de oficina— variando según la instancia y el puesto específico.
Ascensos, traslados y regularización de interinos
Aprovechando la sesión de diálogo ampliado —que contó con representantes de diversas asociaciones de jueces y servidores con criterios de equidad de género— el Consejo del Poder Judicial aprobó un paquete de medidas administrativas inmediatas para desahogar la carga laboral interna:
Se validaron un total de 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces de conformidad con la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial.
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Se ordenó la contratación fija e inmediata, omitiendo el periodo probatorio estándar, para todos los servidores judiciales que tengan seis meses o más desempeñando roles interinos en los tribunales del país. Para cubrir plazas vacantes concurrentes se autorizaron 144 acciones adicionales de personal.
El Consejo instruyó formalmente liquidar de forma inmediata los pagos pendientes por suplencia de jueces, con carácter retroactivo al mes de mayo.
En un plazo de 90 días, las dependencias financieras del Poder Judicial presentarán las modificaciones de lugar al Plan Presupuestal y al Plan Operativo Anual (POA) para garantizar la liquidez de los fondos acordados, al tiempo que se convocarán las mesas departamentales en un periodo no mayor a quince días para asegurar la gobernanza territorial del sistema de justicia.
