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Análisis\Redacción NoticiasenlineaRD
Santo Domingo, RD.-El gobierno asesta un duro golpe al bolsillo de los ciudadanos al camuflar un nuevo paquetazo fiscal bajo la promesa de una supuesta reforma tributaria presentándola como un alivio [Noticias en Línea RD]. Aunque el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, intenta maquillar la medida anunciando amnistías temporales, indexaciones rezagadas del 15% en el Impuesto sobre la Renta (ISR) y la eliminación del anticipo para las microempresas, la realidad detrás del proyecto es una agresiva reestructuración impositiva que busca exprimir a los contribuyentes para financiar el gasto estatal [Noticias en Línea RD]. Las promesas de condonación de recargos y exenciones sectoriales no logran ocultar el verdadero impacto de una reforma que amenaza con desestabilizar la economía de la clase media y de los sectores productivos nacionales [Noticias en Línea RD].
Para ofrecer a nuestros lectores un análisis profundo y riguroso de este atropello económico, desglosamos punto por punto la letra chica de la propuesta oficial y las verdaderas intenciones del fisco.
La trampa de la indexación del 15%: Insuficiente frente al costo de la vida
El anuncio de indexar el mínimo exento y los tramos del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las personas físicas se ha presentado como un beneficio directo para sostener a la clase media. El ministro Magín Díaz aclaró que este ajuste será estrictamente de un 15%, argumentando que dicha cantidad ayuda a cubrir la canasta familiar del segundo quintil.
Sin embargo, detrás de este porcentaje se esconde un profundo agravio para los asalariados dominicanos. La indexación salarial se encuentra congelada de manera sistemática por las leyes de presupuesto desde el año 2017. Limitar el ajuste a un 15% representa un duro golpe para la clase media trabajadora, ya que la inflación acumulada real en la República Dominicana desde 2017 supera por mucho ese porcentaje. Al aplicar una indexación parcial y deficitaria, el gobierno legaliza la pérdida del poder adquisitivo de los profesionales y empleados, obligándolos a pagar tasas más altas del ISR sobre salarios que nominalmente subieron, pero que de manera real compran mucho menos que hace nueve años.
Amnistía fiscal y recargos: Una recaudación forzosa con fecha de caducidad
El proyecto propone una amnistía fiscal para regularizar deudas tributarias acumuladas, estableciendo el 31 de diciembre como fecha límite definitiva de acogimiento. El plan plantea la condonación total de recargos, morosidades e intereses acumulados —manteniendo intacto el capital adeudado— con facilidades de pago de hasta 12 meses posteriores al cumplimiento del plazo.
El ministro ilustró la medida señalando que “en ocasiones un contribuyente tiene un millón de pesos de impuestos y diez millones de recargos. Eso ya no pasará”. Si bien esta eliminación de las sanciones accesorias representa un respiro para los morosos, la medida no es un acto de benevolencia; se trata de una agresiva estrategia de liquidez inmediata para el Estado. Al presionar a miles de contribuyentes para que se pongan al día antes de que cierre el año, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) asegura una inyección masiva de dinero en efectivo para cuadrar el déficit fiscal corriente, dejando a los negocios descapitalizados para el inicio del ciclo económico venidero.
El Anticipo y las Microempresas: ¿Alivio real o exclusión selectiva?
La propuesta contempla la eliminación total del cobro del anticipo del ISR únicamente para las microempresas, mientras que las pequeñas empresas comenzarán a tributar bajo un régimen similar al de las personas físicas, realizando tres pagos anuales en lugar de los 12 meses habituales. Este esquema se aplicará de forma exclusiva a aquellas unidades productivas que facturen hasta 82 millones de pesos anuales.
Aunque el desmantelamiento del anticipo ha sido un clamor histórico del sector empresarial debido a que confisca el capital de trabajo antes de generar ganancias reales, la medida deja fuera de este beneficio a las medianas empresas. Al segmentar el tope en 82 millones de pesos, el proyecto castiga el crecimiento corporativo e incentiva la informalidad y la división artificial de empresas (enanismo fiscal) para evitar caer en las garras del cobro mensual del anticipo. Asimismo, la promesa de ajustar los anticipos a través del sistema de la DGII en proporción a la disminución de ingresos del contribuyente deja la supervivencia financiera de los negocios a merced de la burocracia digital de la institución fiscalizadora.
Exenciones sectoriales: Parches normativos para justificar la reforma
Incapaz de sostener la reforma sin otorgar concesiones políticas, Magín Díaz comunicó la supresión del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y de los aranceles de importación para vehículos de emergencia y servicios públicos, tales como ambulancias, camiones de bomberos y camiones compactadores de basura, bajo el argumento de que muchos de estos ingresan como donaciones y se ven trabados en las aduanas.
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Asimismo, el ITBIS será suprimido para el asfalto y el AC-30 con el fin de agilizar los proyectos de infraestructura. Sin embargo, analistas económicos independientes advierten que la liberación impositiva de estos insumos estatales actúa como una cortina de humo. Eximir de impuestos al asfalto que compra el propio Estado o a los camiones de basura municipales no dinamiza la economía del ciudadano común, pero sí sirve como justificación discursiva para mantener o incrementar las tasas impositivas sobre los bienes de consumo masivo que utiliza la población general en su día a día.
