Enmanuel Pimentel Reyes, presidente de la Red de Ciudadanos Contra la Corrupción, en rueda de prensa.LD
El colectivo de la sociedad civil advierte que la iniciativa legislativa pretende eliminar los límites de distancia vigentes en la Ley 140-02, favoreciendo la proliferación descontrolada de agencias de azar en las comunidades.
Por Redacción
Santo Domingo, RD. – En una enérgica declaración pública que pone bajo la lupa los intereses del sector de los juegos de azar en la República Dominicana, la Red de Ciudadanos Contra la Corrupción exigió formalmente al presidente Luis Abinader intervenir y frenar un polémico proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional. Según denunció el colectivo, la pieza legislativa busca de manera encubierta ampliar el alcance de las denominadas agencias hípicas, desmantelando los controles regulatorios existentes.
Los voceros de la entidad manifestaron su rechazo absoluto a las pretensiones de los promotores de la iniciativa, alertando que el principal peligro radica en la eliminación intencional de las restricciones de distancia vigentes bajo la Ley número 140-02. Esta normativa fue concebida originalmente para proteger los entornos familiares y escolares, impidiendo que los locales de apuestas se instalen de forma masiva y desregulada en zonas vulnerables del territorio nacional.
El asedio de los “carteles” de las bancas
Para los representantes de la Red contra la Corrupción, la aprobación de este proyecto representaría una claudicación del Estado frente a los fuertes intereses económicos que operan los consorcios de bancas de apuestas. Señalan que la liberalización de los límites territoriales solo profundizará los problemas sociales vinculados a la ludopatía, la evasión fiscal y el lavado de activos, afectando de manera directa el presupuesto y el bienestar de los hogares dominicanos que ya se encuentran asediados por la proliferación desmedida de estos locales de juego.
La sociedad civil organizada hace un llamado directo al Poder Ejecutivo para que aplique su derecho al veto en caso de que la pieza logre sortear el trámite en las cámaras legislativas. Sostienen que el Gobierno debe ponerse del lado del orden institucional y la transparencia en lugar de permitir que se legisle en favor de privilegios corporativos que actúan como verdaderos monopolios de la economía informal en los barrios dominicanos.
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