Por José Abreu, ex Primer Secretario de la Embajada Dominicana en Haití y ex Cónsul en Anse-à-Pitre. Analista en temas dominico-haitianos
La República Dominicana enfrenta hoy uno de los desafíos más delicados de su historia reciente: el manejo del creciente flujo migratorio haitiano en medio de una crisis estructural sin precedentes en Haití. Sin embargo, más preocupante que la presión migratoria en sí, es la respuesta errática e improvisada del Estado dominicano, particularmente en lo relativo al denominado Plan de Renovación de Permisos de Trabajo.
Desde una perspectiva técnica, institucional y de experiencia directa en el manejo de las relaciones dominico-haitianas, resulta evidente que dicho plan no solo carece de una visión estratégica clara, sino que además constituye un riesgo real para la soberanía nacional. La renovación masiva de permisos, sin un control efectivo, sin depuración rigurosa y sin un sistema migratorio estructurado, abre la puerta a una regularización desordenada que puede desbordar la capacidad del Estado dominicano.
El problema no es únicamente migratorio. Es un problema de seguridad, de institucionalidad y de sostenibilidad nacional.
La realidad haitiana empuja a miles de ciudadanos a cruzar la frontera en busca de oportunidades. Esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la magnitud del colapso del Estado haitiano y la ausencia de mecanismos efectivos de control por parte de la República Dominicana. Pretender enfrentar esta situación mediante renovaciones administrativas internas es, en esencia, intentar contener una crisis estructural con medidas superficiales.
Frente a este escenario, se impone la necesidad de replantear completamente el enfoque.
La República Dominicana debe transitar hacia un modelo más riguroso, ordenado y soberano: la implementación de un sistema formal de visado de trabajo, emitido en territorio haitiano y estampado en el pasaporte del ciudadano solicitante. Este visado, con una duración definida de cinco o diez años, permitiría establecer un control real sobre quién entra al país, en qué condiciones y por cuánto tiempo.
Al término de ese período, el ciudadano solo tendría derecho a una renovación bajo criterios estrictos, evitando así la permanencia indefinida y descontrolada que actualmente caracteriza gran parte del flujo migratorio laboral.
Para que este modelo sea viable, es imprescindible la reapertura de los cinco consulados dominicanos en Haití, cerrados desde septiembre de 2023. Sin presencia consular activa, no existe forma real de organizar, filtrar y regular el ingreso de trabajadores haitianos de manera ordenada y legal.
Cerrar los consulados y, al mismo tiempo, promover esquemas de regularización interna es una contradicción que debilita la política migratoria y envía señales equivocadas tanto a nivel interno como internacional.
La soberanía no se defiende con discursos, se ejerce con políticas públicas coherentes, firmes y sostenibles. Un Estado que no controla quién entra, bajo qué condiciones y por cuánto tiempo, está renunciando, de facto, a una de sus funciones esenciales.
La República Dominicana no puede ni debe cargar con el peso de la crisis haitiana. Pero tampoco puede permitirse respuestas improvisadas que, lejos de resolver el problema, lo profundizan.
Es momento de actuar con visión de Estado. Regular no es ceder. Ordenar no es excluir. Pero improvisar, definitivamente, es poner en riesgo el futuro nacional.
