La reciente resolución de la Junta Central Electoral (JCE) prohibiendo la difusión de encuestas y sondeos de opinión fuera de los plazos legales
La reciente resolución de la Junta Central Electoral (JCE) prohibiendo la difusión de encuestas y sondeos de opinión fuera de los plazos legales de campaña representa un paso histórico hacia el fortalecimiento institucional de la República Dominicana. Con esta normativa, el órgano electoral no solo reglamenta; edifica un muro de contención contra uno de los vicios más nocivos de la política criolla: la manipulación deliberada del posicionamiento de partidos y figuras mediante mediciones hechas a la medida.
Por años, la sociedad dominicana ha sido testigo de cómo determinadas firmas encuestadoras se convirtieron en laboratorios de propaganda. En lugar de reflejar fielmente la intención del electorado, operaban como instrumentos de guerra psicológica, diseñados en cuartos fríos para inflar candidaturas artificiales y desinflar competidores legítimos. Esta práctica distorsionaba la realidad, confundía al votante y secuestraba la percepción pública antes de que los candidatos pudieran siquiera presentar sus propuestas en el calendario formal.
La decisión de la JCE de imponer severas sanciones económicas de hasta 200 salarios mínimos y suspender las licencias de las firmas infractoras devuelve la transparencia y la equidad al juego democrático. Al prohibir el uso interno y la posterior filtración interesada de estos datos por parte de los partidos, se protege al ciudadano común de la manipulación mediática, garantizando que el verdadero posicionamiento social de una figura se mida en las urnas y no en los escritorios de asesores de campaña.
Este nuevo reglamento complementa de manera valiente la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral. Al otorgar autoridad a la Policía Militar Electoral para resguardar el secreto del voto frente a abusos en los sondeos a boca de urna, se envía un mensaje contundente: la soberanía del voto dominicano es innegociable. Recibimos con optimismo este blindaje normativo, convencidos de que una democracia sana solo prospera cuando el debate político se fundamenta en la verdad y en la representación real de nuestra sociedad.
