Policía Nacional y las Fuerzas Armadas fracasaron en su intento por despejar la principal autopista de ingreso a La Paz
LA PAZ (AP) — La crisis social y política que sacude a Bolivia escaló este sábado a niveles de máxima alerta. Contingentes combinados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas fracasaron en su intento por despejar la principal autopista de ingreso a La Paz, tras ser repelidos con piedras, emboscadas y detonaciones de dinamita por manifestantes que imponen un cerco implacable desde hace 23 días.
El asedio vial ha provocado un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos básicos en la sede de gobierno, asfixiando la economía interna. Las protestas apuntan directamente al presidente de centroderecha Rodrigo Paz, cuyo gobierno de apenas seis meses enfrenta exigencias radicales de renuncia debido a la agudización de la crisis económica y el encarecimiento del costo de vida.
Una retirada estratégica ante una emboscada con explosivos
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien lidera de manera presencial el operativo denominado “Corredor Humanitario”, confirmó el repliegue de las fuerzas de seguridad. Zamora detalló a la cadena televisiva Unitel que se vio obligado a ordenar el retroceso institucional para resguardar las vidas de los uniformados tras sufrir una violenta emboscada en los accesos periféricos de la capital.
A pesar de que el plan gubernamental logró que cientos de camiones de carga pesada varados por semanas pudieran avanzar inicialmente, la resistencia civil en los suburbios de la populosa ciudad de El Alto neutralizó el operativo. Los manifestantes incendiaron un vehículo militar y otro transporte oficial, saquearon un puesto de peaje y causaron heridas a por lo menos un agente del orden. Las fuerzas policiales respondieron con gases lacrimógenos y banderas blancas, evitando el uso de armas letales para prevenir bajas que agraven el conflicto.
Pérdidas millonarias y polarización civil
La parálisis del transporte terrestre ha fracturado la estabilidad económica del país andino. Desde Santa Cruz, el motor agroindustrial de Bolivia, las organizaciones empresariales y cívicas exigieron al presidente Paz la aplicación de “mano firme” y el estado de sitio para liberar las carreteras. La Cámara de Industrias estima que las pérdidas económicas acumuladas superan ya los 600 millones de dólares.
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Mientras los sindicatos campesinos, las juntas vecinales de El Alto y la Central Obrera Boliviana (COB) radicalizan sus protestas callejeras, miles de ciudadanos en La Paz también se han movilizado en contra de los bloqueos, evidenciando una preocupante polarización social.
Diplomacia y el intento de una tregua dominical
En el plano internacional, la administración del presidente Rodrigo Paz recibió el respaldo político de los Estados Unidos y de diversos gobiernos latinoamericanos. De hecho, la embajada estadounidense en La Paz confirmó este sábado el envío de asistencia alimentaria de emergencia para los sectores civiles damnificados por el desabastecimiento.
El panorama se traslada ahora al terreno de la mediación. El obispo católico de El Alto, Monseñor Giovani Arana, reconoció la extrema tensión reinante y manifestó que la Iglesia mantiene la esperanza de sentar en una mesa de negociaciones a las dos partes este domingo. El mandatario boliviano adelantó que está dispuesto a dialogar sobre demandas sociales legítimas, pero cerró de forma tajante cualquier negociación con las facciones políticas que condicionen la paz pública a su dimisión del cargo.
