Señora Elizabeth Beriguete. Foto de fuente externa
Santo Domingo.-Las denuncias por presuntas irregularidades en los procesos de licitación pública en la República Dominicana han vuelto a encender las alarmas en el sector empresarial y social. En esta ocasión, la consultora de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), Elizabeth Beriguete, lideró una fuerte protesta frente a las oficinas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), donde cuestionó con severidad las recientes adjudicaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Beriguete advirtió que la cuestionada asignación de RD$110 millones de pesos a empresas de reciente creación no constituye un hecho fortuito ni aislado en la actual administración.
El escándalo estalló tras divulgarse que tres empresas recién constituidas, capitaneadas por jóvenes de entre 19 y 24 años residentes en la provincia de Azua y carentes por completo de historial crediticio o aval financiero, resultaron ganadoras de jugosos contratos. Lo alarmante del caso radica en que estas compañías recibieron las adjudicaciones para suplir el almuerzo escolar en centros educativos de San Pedro de Macorís, a cientos de kilómetros de su zona de origen. Entre los casos citados figura la empresa Beltre Beltre, SRL, creada en mayo de 2025 y beneficiada apenas seis meses después con un contrato de RD$48 millones de pesos. A esta se suman adjudicaciones individuales de RD$24 millones y RD$38 millones a otros jóvenes de la misma demarcación.
Ante este panorama, la redacción de NoticiasEnlineaRD constató que Beriguete, fungiendo como portavoz de los suplidores afectados, exigió formalmente al Gobierno central frenar de manera inmediata la entrega de anticipos económicos y no perfeccionar los contratos vigentes hasta que se efectúe una investigación profunda. Según sus declaraciones, situaciones similares de favoritismo y manipulación de pliegos de condiciones se han estado repitiendo de manera sistemática en provincias estratégicas como Santiago, Samaná, Puerto Plata, San Juan, San Cristóbal, Santo Domingo y La Vega.
“Con el dinero de la comida de los estudiantes no se negocia, ni se juega, ni se inventa”, fustigó la experta, al tiempo que demandó una auditoría forense independiente que revise minuciosamente las puntuaciones, las inspecciones a las cocinas y los perfiles de los oferentes. Por su parte, el director ejecutivo del INABIE, Adolfo Pérez, defendió la legalidad del proceso argumentando que la juventud no es una limitante legal para contratar con el Estado, aunque aseguró que la institución se encuentra investigando la procedencia y transparencia de la denuncia. Mientras tanto, la opinión pública exige respuestas claras ante lo que se perfila como un nuevo revés para la transparencia institucional.
About the Author
