WASHINGTON D.C. / SANTO DOMINGO, RD. – El Gobierno de los Estados Unidos elevó formalmente una solicitud al presidente Luis Abinader para que proceda con la derogación del Decreto 693-24, normativa que establece un esquema arancelario para proteger la producción arrocera dominicana. La petición se produjo en el marco de las conversaciones bilaterales iniciadas entre ambas naciones para revisar los compromisos comerciales del tratado DR-CAFTA.
El diálogo de alto nivel estuvo encabezado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de la República Dominicana, Víctor -Ito- Bisonó, junto a Jeffrey Goettman, representante comercial adjunto de los Estados Unidos (Deputy USTR), y la embajadora Julie Callahan, jefa negociadora agrícola de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR). La mesa de trabajo se instaló luego de que la Cancillería y el MICM anunciaran la apertura de negociaciones formales sobre la agenda arancelaria bilateral.
El origen de la disputa y la salvaguarda local
El conflicto gira en torno a las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo dominicano a fines de 2024. A través del Decreto 693-24, la administración de Abinader fijó un gravamen del 20 % para las importaciones de arroz bajo contingente y aranceles de hasta el 99 % para otros mercados extra-DR-CAFTA (como Nicaragua), buscando resguardar a los productores agropecuarios locales frente a la desgravación total del cereal contemplada en el acuerdo comercial internacional.
Durante el encuentro, la representación comercial estadounidense argumentó lo siguiente:
Cumplimiento del DR-CAFTA: Washington insiste en que el mecanismo de protección dominicano debe alinearse con la eliminación gradual de aranceles acordada en el tratado internacional.
Acceso de contingentes: La delegación de EE. UU. requirió la eliminación de los gravámenes para dar paso a la entrada de cuotas del grano con arancel cero.
Soberanía alimentaria vs. comercio: El Gobierno dominicano mantiene que la producción de arroz es un pilar estratégico de la seguridad alimentaria y de la economía rural, por lo que busca fórmulas consensuadas que eviten un impacto negativo en los agricultores nacionales.
El Ministerio de Industria y Comercio indicó que las negociaciones continuarán en los próximos días para definir un punto de equilibrio entre las exigencias de Washington y la protección de la agricultura dominicana.
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