Redacción Noticiasenlineard
Santo Domingo.-El tren judicial de la República Dominicana concentra su atención en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional. El Séptimo Juzgado de la Instrucción tiene en sus manos la decisión definitiva sobre la solicitud de prórroga de cuatro meses interpuesta por el Ministerio Público para blindar y depositar la acusación formal en el denominado caso SeNaSa. Las autoridades persecutoras argumentan que la complejidad del entramado corrupto requiere una ampliación del plazo procesal para culminar con éxito la recolección de pruebas.
La petición, impulsada formalmente por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y liderada por el procurador adjunto Wilson Camacho, busca profundizar en los detalles de un presunto fraude financiero que supera los 15,000 millones de pesos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El principal encartado del expediente es el exdirector de la ARS estatal, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, junto a otros exfuncionarios de alta jerarquía y empresarios privados vinculados a la red.
“Se hace totalmente necesaria esta prórroga para concluir debidamente una investigación de esta envergadura”, puntualizó Wilson Camacho ante los medios de comunicación, destacando que el volumen y los cientos de miles de transacciones financieras bajo sospecha exigen un escrutinio sumamente minucioso. Camacho también reveló una de las declaraciones más alarmantes obtenidas en los interrogatorios, donde uno de los propios imputados confesó textualmente que dentro de la institución de salud estatal “la corrupción era la norma”.
De acuerdo con las indagatorias de los fiscales, el Ministerio Público se encuentra desmantelando no una, sino tres estructuras delictivas distintas que operaban en paralelo para desfalcar los fondos destinados a los afiliados de SeNaSa. El tiempo adicional solicitado servirá además para procesar evidencias recabadas durante recientes allanamientos e, inclusive, para dar paso a nuevas imputaciones contra personas que aún no figuran formalmente en el expediente primario.
Por su parte, los abogados defensores de los encartados exigen el cese de las investigaciones o una agilización del proceso, alegando que sus representados merecen una definición de su estatus jurídico. La decisión del tribunal marcará la pauta sobre el ritmo que tomará este escándalo de corrupción administrativa en la salud, el cual mantiene en vilo a toda la sociedad dominicana.
About the Author
