La doctora Melissa Lebrón revela que la matrícula bajó de 1,500 a 500 niñas. Denuncia el limbo de un presupuesto protegido de RD$40 millones para 2026 y arremete contra los celos políticos entre instituciones del Estado. Fuente externa
Santo Domingo. (Noticias En Línea RD).– Una grave y alarmante denuncia pública ha colocado bajo el escrutinio social los criterios operativos y los presuntos celos políticos que norman la administración del gasto social en la República Dominicana. La doctora en medicina y docente universitaria, Melissa Lebrón Herrera, denunció de manera formal que fue desvinculada de forma arbitraria de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, donde se desempeñaba con éxito como coordinadora nacional del programa de Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA).
De acuerdo con las declaraciones de la profesional de la salud, difundidas a través de un video en plataformas digitales, el detonante express de su cancelación fue una represalia puramente burocrática. Lebrón Herrera detalló que su despido se ejecutó inmediatamente después de que aceptara una invitación interinstitucional del Ministerio de la Mujer para trasladar a unas 30 niñas y adolescentes de escasos recursos de Santo Domingo Oeste a un encuentro educativo y firma de libros con una escritora extranjera. El delito de la funcionaria, según relata, fue gestionar el transporte seguro, garantizarles el desayuno y proteger su integridad física en la ruta de vuelta a sus hogares. “Por hacer mi trabajo, me desvincularon”, sentenció.
El limbo de los 40 millones y la exclusión de mil niñas
Más allá de su salida individual, la doctora Lebrón Herrera desnudó una crisis de planificación y una presunta malversación u omisión de recursos protegidos dentro de Supérate. La especialista reveló que el programa PPA cuenta con fondos de asignación específica y blindada que ascienden a los 40 millones de pesos asignados para este año 2026.
“A unos seis o siete meses del año en curso, continuábamos dentro de la institución sin saber dónde estaban o en qué se estaban gastando los fondos protegidos del programa”, denunció Lebrón Herrera.
El impacto de esta parálisis gerencial se refleja de forma devastadora en las estadísticas de atención humana. La doctora certificó que en diciembre de 2025 el proyecto cobijaba y protegía de forma activa a una matrícula de 1,500 niñas y adolescentes vulnerables, pero que al momento de su salida forzada en este verano de 2026, la cobertura había descendido de forma alarmante a solo 500 beneficiarias. Esta exclusión masiva de mil menores se produjo tras decisiones internas drásticas como el retiro de los sistemas de transporte, la eliminación de las meriendas escolares nutricionales y la cancelación masiva del cuerpo de psicólogas especializadas que implementaban la metodología de prevención en los barrios.
Celos políticos que castigan a la población
La docente universitaria deploró de forma enérgica que las pugnas internas de poder o las diferencias de liderazgo entre ministerios del propio Gobierno terminen sacrificando la salud menstrual y reproductiva de la niñez desvalida. “¿En qué afecta que niñas que pertenecen a un programa de una institución pública acudan a otra institución del mismo Estado? Al final la población infantil es la que paga el precio de estas diferencias”, cuestionó con indignación.
A pesar del atropello laboral, la profesional de la medicina aseguró que su compromiso con la juventud responsable sigue intacto. Informó que, junto a un equipo de psicólogas y especialistas también desvinculadas, ha fundado de manera independiente el proyecto “Luna que Educa” , una iniciativa civil desde la cual continuará batallando de forma privada en favor de la prevención del embarazo adolescente, la educación menstrual integral y el combate frontal contra el abuso sexual infantil en las zonas más vulnerables del país.
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