SANTO DOMINGO, RD. — Con la ironía amarga de quien ve recortarse sus derechos constitucionales en nombre de la modernización legislativa, la frase “estamos celebrando que vamos a caer presos” retumbó con fuerza este domingo en el Parque Ambiental Los Próceres. No era una fiesta; era un clamor social. Ante la entrada en vigencia este lunes 3 de agosto del nuevo Código Penal, decenas de ciudadanos, creadores de contenido, periodistas y artistas urbanos se concentraron para manifestar su rotundo rechazo a los artículos que atentan contra la libertad de expresión y la difusión de imágenes en la República Dominicana.
La jornada, caracterizada por rimas de rap improvisado, puestas en escena callejeras y proclamas de resistencia, convirtió el arte en la primera línea de defensa de la ciudadanía. A través de la cultura urbana, los manifestantes escenificaron el temor real que embarga a comunicadores y ciudadanos comunes: que el nuevo marco penal se transforme en una herramienta de amordazamiento e intimidación contra el libre ejercicio del pensamiento y la fiscalización del poder.
Entre el avance jurídico y el peligro de la persecución a la libre expresión
La reforma del Código Penal, un anhelo de más de un siglo para tipificar delitos modernos, corre el riesgo de nacer manchada por la desconfianza pública si su aplicación termina criminalizando la denuncia ciudadana, la labor periodística y el trabajo de los creadores de contenido. La ambigüedad en la tipificación de la difusión de imágenes y la privacidad de los funcionarios públicos amenaza con levantar un muro de censura preventiva en una sociedad que ha encontrado en las plataformas digitales su principal vía de fiscalización.
Lo ocurrido en el Parque Los Próceres debe servir como una seria llamada de atención para los administradores de la justicia y los legisladores:
El peligro de la autocensura; cuando la ciudadanía percibe que registrar un hecho en la vía pública o emitir una opinión crítica puede costarle la libertad, el sistema democrático sufre un retroceso institucional.
El arte como termómetro social; las manifestaciones de rap y teatro de calle presentadas durante la protesta no son hechos aislados, sino el reflejo del descontento de una generación que no está dispuesta a ceder espacios de libertad conquistados.
El reto de la interpretación judicial; corresponderá a los jueces y al Ministerio Público garantizar que el nuevo código se aplique para perseguir el delito real y no para perseguir la disidencia, el periodismo de investigación o la sátira política.
República Dominicana no puede permitir que la actualización de sus leyes penales suponga un cheque en blanco para la censura. Saludar la modernización de la justicia no debe implicar el aplauso a la mordaza; la libertad de expresión no es un privilegio concedido por el Estado, sino un derecho fundamental que la ciudadanía defenderá, en las calles y en las redes, cuantas veces sea necesario.
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