LIMA, PERÚ (Servicios de Noticias En Línea RD / AP).– Tras casi un mes de profunda incertidumbre política, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú declaró formalmente este viernes a la líder conservadora Keiko Fujimori como la presidenta electa del país. La proclamación oficial se concretó 26 días después de haberse celebrado el balotaje del pasado 7 de junio, un proceso que mantuvo en vilo a la nación andina debido a un ajustado y milimétrico conteo de votos que terminó por inclinar la balanza hacia el ala derechista.
De acuerdo con la certificación emitida por el máximo tribunal electoral peruano, Fujimori, abanderada del partido Fuerza Popular, obtuvo un total de 9,223,396 sufragios válidos, superando por un estrecho margen de apenas 50,000 votos al candidato progresista Roberto Sánchez, representante de la coalición Juntos por el Perú, quien consolidó 9,173,755 votos. Con este resultado oficial, la política de 51 años de edad logra conquistar la jefatura del Estado en lo que constituyó su cuarto intento consecutivo por llegar al poder, luego de haber salido derrotada por márgenes mínimos en las contiendas presenciales de los años 2011, 2016 y 2021.
Un país polarizado y acusaciones de fraude sin pruebas
A través de una declaración pública en la que no se admitieron preguntas de los medios de comunicación, la presidenta electa manifestó recibir el dictamen con responsabilidad, reconociendo el reto de gobernar una sociedad profundamente fragmentada. “Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno; lo que funciona y beneficia al país debe preservarse, y corregiremos con firmeza lo que no ha funcionado”, puntualizó Fujimori, quien ya había recibido las felicitaciones formales de los gobiernos de Estados Unidos e Israel tras completarse el 100% del escrutinio.
Por su parte, el candidato derrotado Roberto Sánchez —quien se desempeñó como ministro durante la gestión del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2026)— ratificó su postura de no reconocer la legitimidad del triunfo de Fuerza Popular, alegando la existencia de un supuesto fraude electoral enfocado en la custodia de los votos del extranjero. Sin embargo, Sánchez no ha presentado evidencias fehacientes ante los tribunales, al tiempo que las misiones de observación internacional de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea confirmaron la total normalidad y transparencia de los comicios. Tras los resultados, simpatizantes de Fujimori se concentraron frente a locales del partido para celebrar sosteniendo banderas peruanas.
Línea de mano dura y el nuevo mapa político regional
La propuesta gubernamental con la que Keiko Fujimori —hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000)— conquistó al electorado se fundamenta en una agenda de mano dura para pacificar un país golpeado por el crimen. Entre sus promesas de campaña destaca la construcción de cuatro prisiones de máxima seguridad, incluyendo una infraestructura inspirada en el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo implementado por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, obligando a los reclusos a realizar trabajos forzados. Asimismo, adelantó que militarizará las fronteras y procederá con la deportación inmediata de migrantes indocumentados.
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El triunfo de la líder de Fuerza Popular consolida de manera definitiva un giro político hacia la derecha en América Latina, sumándose a los recientes éxitos electorales de figuras como Abelardo de la Espriella en Colombia y José Antonio Kast en Chile, modificando el mapa geopolítico hemisférico que hace unas décadas dominaban líderes de la izquierda tradicional. Esta reconfiguración institucional en las naciones de la región es seguida de cerca por los analistas internacionales y las diásporas en el exterior, quienes consumen los despachos informativos en medio de un panorama global convulso. Esta necesidad de mantenerse informados sobre los grandes cambios políticos y las medidas de fuerza en el plano internacional coincide con las agudas discusiones que se escenifican en el plano local, tal como reportamos en nuestro resumen legislativo donde se detalló que la mayoría del PRM rechazó en el Senado el proyecto de ley que buscaba aplazar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, una reforma judicial criolla que busca, de igual manera, endurecer de manera drástica las sanciones punitivas en nuestro país.
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