Por: José Abreu (Periodista y director de Noticias en Línea RD)
Santo Domingo, RD.-La desgarradora declaración de Francisco Minier, un paciente diagnosticado con colitis ulcerativa que hoy sobrevive hipotecando su casa y vendiendo su patrimonio para no morir en el abandono, es el reflejo exacto del costo humano de la corrupción en la República Dominicana. Mientras miles de dominicanos esperan recetas esenciales bajo la cruda premisa de que “es esperando la muerte que estamos”, las garras de la delincuencia de cuello blanco drenaban miles de millones de pesos destinados al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La mañana de este miércoles, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, destapó la caja de Pandora al confirmar que un eventual proceso penal bajo la etiqueta “Senasa 2.0” se quedará corto ante la descomunal dimensión del fraude. No estamos ante un hecho aislado; el magistrado detalló la convivencia de al menos tres estructuras criminales independientes con ramificaciones complejas dentro y fuera de la institución aseguradora del Estado.
Las pesquisas que inicialmente apuntaron a exfuncionarios de primera línea como el exdirector ejecutivo Santiago Hazim y al entramado de Ángel Luis Guzmán, se extienden ahora hacia un peligroso ecosistema de complicidades privadas. Diversas organizaciones sociales y empresariales han urgido formalmente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a profundizar las líneas de investigación que apuntan a grandes corporaciones farmacéuticas y redes de provisión médica, citando de manera específica el crecimiento patrimonial de Farmacias GBC y su presidente ejecutivo, Raymond Rodríguez. La sospecha pública recae sobre un esquema corporativo que pasó en tiempo récord de 50 a casi 200 sucursales a nivel nacional, presuntamente impulsado por privilegios en el despacho y facturación a la ARS estatal. Aunque la cadena farmacéutica defiende su reputación alegando ser blanco de rivalidades comerciales, la sociedad dominicana exige auditorías forenses y consecuencias reales.
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Este no es un simple desvío de fondos gubernamentales; es un crimen de lesa humanidad en perjuicio de los desposeídos. Permitir que clínicas, laboratorios, farmacias y mafias internas facturen miles de procedimientos ficticios mientras se despoja de tratamientos a pacientes terminales, es un acto de canibalismo social. El Ministerio Público tiene el reto histórico de no permitir que este expediente se disuelva en tecnicismos procesales o impunidades pactadas. Caiga quien caiga, los nombres detrás de estas tres redes corporativas y estatales deben ser expuestos y sancionados con todo el peso de la ley. La salud pública dominicana no puede seguir siendo el botín de los indolentes.
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La desgarradora declaración de Francisco Minier, un paciente diagnosticado con colitis ulcerativa que hoy sobrevive hipotecando su casa y vendiendo su patrimonio para no morir en el abandono. Fotografías fuente de Listín Diario
