Durante una rueda de prensa frente al Capitolio de los Estados Unidos, Espaillat, en su calidad de presidente del CHC
WASHINGTON, DC — El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat encabezó un enérgico llamado junto al Caucus Hispano del Congreso (CHC) y líderes de organizaciones latinas nacionales para rechazar el plan de reconciliación presupuestaria republicano. Los legisladores denuncian que la iniciativa destina miles de millones de dólares a reforzar las operaciones de control migratorio impulsadas por la administración de Donald Trump.
Durante una rueda de prensa frente al Capitolio de los Estados Unidos, Espaillat, en su calidad de presidente del CHC, criticó severamente que el bloque republicano priorice el financiamiento de agencias de inmigración mientras recorta simultáneamente programas sociales esenciales para las familias trabajadoras.
“Los republicanos están tomando el dinero de los contribuyentes estadounidenses para pagar las prioridades personales de Donald Trump, y luego le dicen al pueblo que no hay recursos para salud, asistencia alimentaria o educación”, afirmó Espaillat de manera categórica.
El legislador añadió que se están canalizando miles de millones hacia agencias de inmigración que ya cuentan con abundantes fondos públicos. “Las familias trabajadoras merecen un gobierno que mejore sus vidas, no una máquina irracional de deportaciones masivas para beneficiar a los allegados del presidente”, sentenció.
Líderes latinos advierten sobre un “cheque en blanco” para ICE
La postura de Espaillat fue respaldada por las principales organizaciones de defensa de los derechos civiles hispanos en la nación norteamericana:
Janet Murguía (UnidosUS): Advirtió que el proyecto otorga un “cheque en blanco” al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, profundizando políticas que siembran temor en las comunidades.
Jesús “Chuy” García (Congresista): Calificó la gestión migratoria de la administración Trump como una “ofensiva brutal e ilegal”, criticando el intento de añadir 70,000 millones de dólares para deportaciones y centros de detención.
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Juan Proaño (LULAC): Sostuvo que las deportaciones masivas representan “una bola de demolición económica” contra trabajadores, contribuyentes y pequeños negocios latinos.
Impacto social y exigencia de transparencia
En la conferencia de prensa también participaron los congresistas Raul Ruiz y Emily Randall, junto a Angelica Razo, directora nacional de campañas de Mi Familia en Acción. Los legisladores denunciaron el profundo impacto psicológico que provocan las detenciones y las separaciones familiares, cuestionando el desvío de fondos mientras persisten necesidades urgentes de vivienda, cuidado infantil y apoyo económico en los hogares estadounidenses.
Finalmente, el bloque liderado por Espaillat coincidió en exigir mayor transparencia, supervisión legislativa y protecciones estrictas a los derechos civiles antes de aprobar cualquier incremento presupuestario para las agencias federales de inmigración.
