La dirigente de la Fuerza del Pueblo advierte que el pago de la electricidad está compitiendo con gastos esenciales en medicamentos y alimentación, y solicita revisar el acceso a los subsidios.
Santo Domingo, RD.– La titular de la Secretaría de Adultos Mayores y Envejecientes de la Fuerza del Pueblo, Yamel García, llamó a las autoridades a establecer mecanismos de protección para las personas mayores cuyos ingresos resultan insuficientes para afrontar las facturas eléctricas y cubrir sus necesidades básicas.
García sostuvo que, según testimonios recibidos por la organización, el costo del servicio está comprometiendo el presupuesto de envejecientes que dependen de una pensión, ayudas sociales o ingresos fijos, especialmente cuando también deben asumir gastos permanentes en medicamentos y atención médica.
“No podemos permanecer indiferentes ante una realidad que está golpeando directamente a nuestros adultos mayores. Una persona que ha trabajado toda su vida y que hoy depende de una pensión no puede verse obligada a escoger entre pagar la electricidad, comprar sus medicamentos o poner alimentos sobre su mesa”, expresó.
La dirigente planteó que el acceso a la energía eléctrica debe abordarse desde la protección social y la dignidad, además de sus implicaciones económicas.
Reclama revisar el alcance de los subsidios
La Secretaría solicitó evaluar si los mecanismos de asistencia existentes, incluido el Bono Luz, están llegando de manera suficiente a las personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad.
García consideró necesario revisar los criterios de acceso a estos beneficios y fortalecer la orientación para que los envejecientes conozcan los programas disponibles y puedan realizar los trámites correspondientes.
La propuesta busca prestar especial atención a quienes viven solos, a los hogares que tienen una pensión como única fuente de sustento y a las personas que necesitan utilizar equipos eléctricos por razones de salud.
“Estamos hablando de una población que muchas veces tiene ingresos limitados y gastos permanentes en medicamentos, consultas médicas, alimentación y transporte. Cuando llega una factura eléctrica que consume una parte considerable de sus ingresos, la situación se vuelve insostenible”, sostuvo.
Pide atención accesible para reclamaciones
La dirigente también exhortó a las empresas distribuidoras y a las instituciones responsables del sector eléctrico a fortalecer los servicios de orientación, revisión de facturas y atención de reclamaciones.
Explicó que una persona adulta mayor no debería quedar desprotegida ante un posible error de facturación o un incremento que no pueda comprender, por dificultades para acceder a los canales de atención o completar una reclamación.
En ese sentido, pidió facilitar explicaciones claras sobre el consumo registrado, los cargos aplicados y los procedimientos disponibles para solicitar una revisión.
La Secretaría llamó igualmente a las familias y organizaciones comunitarias a acompañar a los envejecientes que necesiten ayuda para interpretar sus facturas, gestionar subsidios o presentar sus inquietudes ante las distribuidoras.
Una demanda de protección diferenciada
Para García, las políticas públicas deben reconocer que los adultos mayores enfrentan condiciones particulares: ingresos frecuentemente limitados, necesidades médicas constantes y mayores dificultades para realizar gestiones administrativas.
La organización afirmó que continuará recopilando testimonios y dando seguimiento a las situaciones que afectan a esta población, con el propósito de trasladar sus preocupaciones a las instituciones correspondientes.
“Nuestros adultos mayores no pueden ser invisibles. Quienes construyeron este país merecen que el Estado y la sociedad los escuchen, los protejan y les garanticen una vida digna. Porque la dignidad no tiene edad”, concluyó García.
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