NUEVA YORK.– Por Montserrat Arqué / El Diario. La decisión del estado de Nueva York de ampliar en $150 millones de dólares un controvertido programa de incentivos fiscales para Broadway ha vuelto a encender un feroz debate sobre el uso del dinero de los contribuyentes para sostener producciones teatrales privadas, muchas de las cuales ya fracasaron en taquilla o bajaron el telón.
El programa, bautizado originalmente como NYC Musical and Theater Production Tax Credit, nació durante la emergencia de la pandemia del Covid-19 con el objetivo de salvar a la industria teatral del colapso ante el cierre de salas y la ausencia de turistas. Sin embargo, seis años después, la iniciativa no solo sigue vigente, sino que acaba de recibir una millonaria expansión dentro del presupuesto estatal impulsado por la gobernadora Kathy Hochul.
Con esta nueva inyección, la partida total del subsidio pasará de $400 millones a $550 millones de dólares, provocando severas críticas por parte de grupos de vigilancia fiscal. Bajo el esquema actual, cada producción puede reclamar créditos fiscales equivalentes al 25% de sus gastos elegibles, con un tope de hasta $3 millones de dólares por espectáculo.
Bajo la lupa: Financiamiento a grandes éxitos y rotundos fracasos
El principal foco de la controversia radica en que los incentivos no discriminan el éxito comercial de los proyectos, beneficiando por igual a dos extremos de la industria:
Los megaproyectos rentables: Organizaciones fiscalizadoras critican que el dinero público financie a espectáculos de enorme éxito comercial que llevan años generando millones en ganancias autogestionadas, tales como The Lion King, Wicked, Chicago, Aladdin y Harry Potter and the Cursed Child.
Los fracasos en taquilla: En la otra acera, el programa ha subsidiado obras de muy corta vida en cartelera. Informes de NY Focus destacan casos como la obra KPOP, que duró apenas dos semanas en escena, o Tammy Faye, que cerró tras solo 29 funciones. Ambas producciones recibieron millones de dólares en créditos fiscales meses después de haber fracasado y bajado el telón.
“Los contribuyentes no deberían financiar inversiones privadas en Broadway; no existe una justificación económica suficiente para mantener este tipo de subsidios”, sentenció John Kaehny, director ejecutivo de la organización de vigilancia gubernamental Reinvent Albany.
La postura oficial: Competitividad y defensa del empleo
Pese a los cuestionamientos, la administración de la gobernadora Kathy Hochul y la asociación patronal The Broadway League defienden firmemente la extensión presupuestaria. Argumentan que el subsidio no es una subvención directa de dinero, sino un incentivo vinculado a gastos reales y contratación comprobable que ha generado más de 31,000 empleos desde su creación.
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De acuerdo con el gobierno estatal, la medida es vital para evitar que las producciones elijan ensayar o desarrollarse en otros estados competitivos, resguardando así el impacto económico indirecto que Broadway inyecta a la hotelería, restaurantes y comercios de la Gran Manzana. Aunque la industria ya recuperó gran parte del terreno perdido tras la pandemia, sus defensores insisten en que los altos costos laborales y los nuevos hábitos de consumo turístico obligan a mantener este flotador financiero.
Downtown Center, Nueva York. Fotografía del periodista dominicano Elias Barrera Corporan.
