NUEVA YORK / SANTO DOMINGO – La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana atraviesa un complejo escenario legal e internacional luego de que autoridades judiciales de la ciudad de Nueva York autorizaran el embargo y la posterior subasta pública del mobiliario y los equipos de su oficina en Manhattan. La medida busca hacer cumplir una sentencia ejecutable emitida por la justicia estadounidense a favor de la empresa Latin Events, LLC, derivada de un incumplimiento de contrato que supera los 980 mil dólares.
De acuerdo con el documento oficial correspondiente al expediente M 373516, la notificación fue emitida el pasado 6 de septiembre de 2026 mediante un Aviso de Embargo y Venta (Marshal’s Notice of Levy and Sale) por el City Marshall Martin A. Bienstock. La fecha fijada para la remate público de los bienes es el 1 de octubre de 2026 a las 9:00 a. m., salvo que el organismo electoral salde la totalidad del compromiso económico al menos 72 horas antes del plazo estipulado.
Bienes comprometidos y montos de la demanda
La orden de ejecución abarca la totalidad de los bienes muebles que operan en la oficina consular y electoral de la JCE, ubicada en el edificio 1501 de Broadway, Suite 410, en pleno corazón de Manhattan. El inventario sujeto a embargo incluye computadoras, impresoras, servidores, televisores, equipos electrónicos, mobiliario de oficina (mesas y sillas) y obras de arte pertenecientes a la entidad.
El origen del mandato responde a una sentencia dictada el 26 de noviembre de 2025 por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (Caso 1:25-cv-02830-PKC), la cual condenó originalmente a la JCE al pago de US$838,337.50 por concepto de daños y perjuicios. Dicho fallo fue registrado formalmente ante la Secretaría del Condado de Nueva York el 20 de agosto de 2026.
Sin embargo, los costos legales acumulados, recargos e intereses moratorios han elevado la suma exigida. Según precisó el jurista Julio Cury, representante legal de Latin Events en República Dominicana, la deuda asciende actualmente a US$982,261.88, monto que continúa incrementándose diariamente de manera progresiva.
Origen de la disputa: El acuerdo del Citi Field
La controversia legal entre el órgano electoral dominicano y la firma mercantil se remonta a octubre de 2023, en el marco de la organización de la serie de béisbol caribeño entre las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey, celebrada en el estadio Citi Field de Nueva York.
Según consta en el expediente judicial, la JCE suscribió un contrato comercial con Latin Events el 30 de octubre de 2023 por un monto total de 1,000,000 de dólares. El objetivo del convenio era desplegar una campaña masiva de empadronamiento y registro de votantes dirigida a la diáspora dominicana radicada en Nueva York y estados aledaños.
El convenio contemplaba un compromiso específico de US$600,000 para la impresión de 15,000 boletos del evento deportivo, la logística de suministro de 20,000 almuerzos y la ejecución de la pauta publicitaria. No obstante, la parte demandante sostiene que la JCE solo desembolsó US$230,000, dejando un balance insoluto de US$770,000, razón por la cual se inició el litigio judicial en tribunales extranjeros. Durante el proceso en EE. UU., la JCE no compareció dentro de los plazos legales, lo que derivó en una sentencia en rebeldía dictada a finales de 2025.
Batalla legal paralela en República Dominicana
El conflicto trasciende la jurisdicción estadounidense. En territorio dominicano, Latin Events persigue la ejecución forzosa mediante la homologación de la sentencia extranjera, la cual fue acogida por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional mediante el Auto núm. 036-2026-SAUT-00294.
Aunque la JCE apeló dicha resolución argumentando la defensa de los fondos públicos, la empresa demandante ha incoado medidas de embargo retentivo sobre las cuentas del órgano electoral depositadas en el Banco de Reservas. La representación legal de Latin Events reiteró que continuará con las acciones compulsivas en ambas naciones hasta lograr el cobro de los recursos contemplados en la sentencia firme.
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