Erick Randhiel Mosquea Polanco al momento de ser extraditado a Puerto Rico donde será juzgado por cortes federales de Puerto Rico y Nueva Jersey bajo cargos que suman multas de 10 millones de dólares. El traslado evidencia la incapacidad del sistema local para condenar a los capos de alta gama. HSI
REDACCIÓN CENTRAL (Noticias En Línea RD).– El desmantelamiento de la red criminal más ambiciosa del narco-lavado caribeño ha entrado en su fase terminal, pero muy lejos de los tribunales dominicanos. Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado formalmente por las autoridades internacionales como el cabecilla indiscutible de la temida Operación Falcón, se prepara para enfrentar la rigurosidad del sistema de justicia de los Estados Unidos, donde dos distritos federales distintos han unificado expedientes para asegurar que el capo criollo pase el resto de sus días tras las rejas.
De acuerdo con los documentos judiciales de los tribunales de Puerto Rico y Nueva Jersey, Mosquea Polanco encara una andanada de cargos por conspiración para el tráfico internacional de cocaína y lavado de activos a gran escala. De ser hallado culpable en las cortes norteamericanas, el imputado dominicano se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una sentencia máxima de cadena perpetua por cada uno de los cargos federales, sumado a una penalidad económica que roza los 10 millones de dólares en multas.
¿Qué pasa con el caso en la República Dominicana?
La inminente apertura del juicio en suelo estadounidense abre una profunda e incómoda interrogante sobre el papel de las autoridades judiciales en Santo Domingo. En septiembre del año 2021, el Ministerio Público dominicano ejecutó con bombos y platillos la Operación Falcón, realizando decenas de allanamientos simultáneos, incautando propiedades de lujo, estaciones de combustible, vehículos blindados y millones de pesos en efectivo.
Sin embargo, a cinco años del mediático golpe, el expediente local ha navegado en el habitual mar de los reenvíos, incidentes procesales, variaciones de medidas de coerción y tácticas dilatorias de las defensas técnicas. Al declinarse y priorizarse la extradición hacia los Estados Unidos, el caso en la República Dominicana entra técnicamente en un estado de suspensión práctica. Fuentes jurídicas consultadas por Noticias En Línea RD confirman que, al procesarse en cortes estadounidenses bajo cargos mayores, el Estado dominicano suele ceder la jurisdicción penal primaria, limitándose a cooperar en la confiscación definitiva y posterior subasta de los bienes incautados en el territorio nacional.
El fin del imperio Falcón
La acusación del gran jurado federal detalla que bajo el mando de Mosquea Polanco, la estructura Falcón llegó a movilizar toneladas de sustancias controladas utilizando lanchas rápidas y barcos pesqueros que salían desde la costa este y sur de la República Dominicana con destino a Puerto Rico, sirviendo como puente de entrada hacia el exigente mercado de consumo de Nueva Jersey y Nueva York.
La severidad de la ley estadounidense, que no contempla rebajas de penas ni fianzas para los delitos de conspiración en organizaciones criminales transnacionales, representa el cierre definitivo de un imperio económico ilícito que llegó a infiltrar estamentos políticos y comerciales en el país, dejando en evidencia que, cuando la justicia local se adormece en la burocracia, los tribunales federales de Washington toman el control absoluto del tablero.
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