Primera entrega de esta segunda serie: seguir el rastro de los recursos públicos vinculados a Medicar GBC
SANTO DOMINGO, RD.– Domingo 13, septiembre, en medio de las interrogantes que rodean el caso SENASA, hay una pregunta que merece una respuesta documental, no política ni mediática:
¿Cuánto dinero público ha recibido realmente Medicar GBC durante los últimos años y a través de cuáles instituciones, contratos y mecanismos de pago?
La pregunta parece sencilla, pero responderla exige revisar mucho más que una cifra global.
Implica colocar sobre una misma mesa los contratos, órdenes de compra, facturas, pagos, convenios, procesos de contratación y cualquier otro mecanismo mediante el cual recursos del Estado hayan terminado en manos de Farmacia Medicar GBC, SRL.
Y aquí comienza una de las líneas que Noticias En Línea RD se propone seguir en esta serie.
El dinero no puede desaparecer detrás de una cifra
En octubre de 2025, el propio Grupo GBC salió públicamente al paso de cuestionamientos relacionados con el caso SENASA y aseguró que entre 2018 y 2024 sus ventas alcanzaron RD$70,669,962,842.63.
La empresa también informó que durante ese período realizó importantes aportes fiscales, incluyendo más de RD$1,500 millones en impuestos, según las cifras divulgadas por la propia compañía.
Pero hay una diferencia fundamental entre ventas totales de una empresa y recursos provenientes del Estado.
Una cosa es cuánto vende GBC en el mercado privado y otra muy distinta es cuánto dinero público recibió mediante SENASA, Salud Pública, PROMESE/CAL, hospitales, ayuntamientos, direcciones generales u otras instituciones estatales.
Por eso, para esta investigación, el dato que interesa no es únicamente cuánto factura GBC.
Lo que interesa es cuánto dinero salió de las instituciones públicas, bajo qué concepto, mediante qué contrato y quién terminó recibiéndolo.
SENASA es apenas una parte de la ecuación
Las organizaciones que solicitaron que GBC y su propietario, Reymon Rodríguez, fueran incluidos en las investigaciones sobre SENASA alegaron, entre otros aspectos, un crecimiento acelerado de la cadena farmacéutica y pidieron revisar sus operaciones vinculadas a prestaciones farmacéuticas.
Eso constituye una solicitud de investigación, no una sentencia ni una acusación judicial demostrada contra GBC o Rodríguez.
Precisamente por eso, la respuesta debe buscarse en los documentos.
¿Cuánto pagó SENASA?
¿Cuánto pagó el Ministerio de Salud Pública?
¿Cuánto pagó PROMESE/CAL?
¿Cuánto pagaron otras instituciones?
¿Y cuánto de esos recursos corresponde a medicamentos, cuánto a servicios y cuánto a otros conceptos?
Hasta que esas preguntas sean contestadas con expedientes y registros verificables, cualquier cifra general corre el riesgo de mezclar negocios privados con fondos estatales.
Hay contratos públicos que ya aparecen en los registros
La investigación documental tampoco parte de cero.
Los registros públicos de contrataciones muestran, por ejemplo, procesos en los que Farmacia Medicar GBC, SRL aparece como proveedor de instituciones estatales. Uno de ellos corresponde a la Dirección General de Migración en 2023, relacionado con medicamentos para su dispensario, con un monto adjudicado superior a RD$1.2 millones.
Ese contrato, por sí solo, no demuestra ninguna irregularidad.
Pero sí demuestra algo importante para esta investigación:
GBC ha tenido relaciones comerciales documentadas con el Estado y esas relaciones pueden rastrearse en los registros públicos.
La tarea ahora es determinar la dimensión completa de esas operaciones.
¿Y qué ocurre con SENASA?
Aquí la investigación se vuelve todavía más delicada.
Farmacard, empresa que administra y dispensa medicamentos ambulatorios mediante una red de farmacias aliadas, confirmó públicamente que mantiene una relación contractual con SENASA y que en febrero de 2025 suscribió un nuevo contrato bajo un modelo capitado. La empresa aseguró que asumió el riesgo financiero y el pago a las farmacias dentro de ese esquema.
Esto obliga a hacer una distinción fundamental.
No basta con preguntar cuánto dinero recibió una farmacia.
Hay que establecer qué papel desempeñaba cada actor dentro de la cadena:
SENASA → autorización → mecanismo de dispensación → Farmacard → farmacia aliada → medicamento → factura → pago.
Y si Medicar GBC aparece dentro de esa cadena, entonces debe ser posible determinar documentalmente qué medicamentos fueron dispensados, por qué monto, a qué afiliados o autorizaciones correspondían y quién efectuó finalmente el pago.
Ese es el tipo de información que puede convertir una discusión política en una investigación financiera verificable.
El verdadero reto: sumar peso por peso
La cadena GBC asegura actualmente tener una extensa presencia nacional, con sucursales en numerosas provincias del país. Su propio portal reporta decenas de establecimientos distribuidos a nivel nacional.
Pero el tamaño de una empresa tampoco responde la pregunta central.
La pregunta es otra:
¿Cuánto dinero público pasó por sus cuentas?
Y todavía más importante:
¿Por qué concepto?
Noticias En Línea RD considera que esa respuesta debe construirse institución por institución y año por año.
No se trata de acusar.
Se trata de seguir el dinero.
Porque si los recursos fueron utilizados correctamente, los documentos deberían permitir demostrarlo.
Y si existieron irregularidades, también deberían aparecer en los documentos.
La primera pregunta queda abierta
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Esta primera entrega de nuestra segunda serie plantea, por tanto, una pregunta concreta a las instituciones responsables de administrar fondos públicos:
¿Cuál es el monto total pagado a Medicar GBC desde 2020 hasta 2026 por SENASA, Salud Pública, PROMESE/CAL y las demás instituciones del Estado, detallado por año, contrato, concepto y monto?
La respuesta debería incluir contratos, órdenes de compra, facturas y comprobantes de pago.
Porque RD$1 millón, RD$10 millones, RD$100 millones o RD$1,000 millones no son simplemente números cuando salen del presupuesto público.
Son recursos de los contribuyentes.
Y en una investigación que busca determinar qué ocurrió alrededor del sistema de medicamentos de SENASA, el primer paso es saber exactamente cuánto dinero público recibió cada actor y por qué.
Esta es apenas la primera pregunta.
En la próxima entrega iremos al segundo eje: