Nueva York — El motor económico de miles de familias inmigrantes, incluidas comunidades de la diáspora dominicana y latina, enfrenta una nueva y silenciosa amenaza en las calles de Nueva York. Miles de repartidores de comida a domicilio, conocidos localmente como “deliveristas”, se lanzaron a protestar de manera masiva contra los gigantes tecnológicos Uber Eats y DoorDash, denunciando una ola de suspensiones y bloqueos arbitrarios de cuentas que los deja desamparados de la noche a la mañana.
Para estos trabajadores, la desactivación de su perfil no representa un simple fallo técnico en sus teléfonos; equivale a perder de manera inmediata su única fuente de ingresos en una de las ciudades más caras del mundo, donde dependen del día a día para cubrir alquileres, remesas, alimentos y el mantenimiento de sus herramientas de trabajo.
La dictadura del algoritmo y la falta de transparencia
Las organizaciones que agrupan a los repartidores denuncian que las aplicaciones ejecutan cierres de cuentas basándose en sistemas internos automatizados, reportes malintencionados de clientes o algoritmos difíciles de auditar. Los afectados critican que los procesos carecen de explicaciones claras, advertencias previas y, sobre todo, de un canal humano e institucional efectivo para apelar las decisiones.
Aunque la ciudad de Nueva York ha liderado reformas históricas para el sector —como la fijación de un salario mínimo por hora y la transparencia en la entrega de propinas—, el control del acceso a las plataformas sigue siendo el talón de Aquiles de la fuerza laboral digital. Quienes defienden a los deliveristas argumentan que, si bien legalmente son catalogados como contratistas independientes, la realidad operativa es que dependen económicamente de las corporaciones como si fuesen empleados formales, pero sin las debidas garantías laborales ante un despido.
El plano político: El Concejo Municipal toma cartas
El descontento en las calles ha resonado con fuerza en el plano político local. El Concejo Municipal de Nueva York ya impulsa legislaciones orientadas a obligar a las multinacionales del reparto a justificar formalmente cada desactivación, exigiendo además un mecanismo de revisión regulado que garantice el derecho a la defensa de los trabajadores antes de ser expulsados del sistema.
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Por su parte, las plataformas defienden sus protocolos alegando que las suspensiones responden a estrictas medidas de seguridad, prevención de fraudes de identidad, revisión de antecedentes o violaciones directas a los términos del servicio. No obstante, en la práctica el sistema sigue luciendo profundamente desigual para un colectivo que arriesga su integridad física en las vías públicas y que ahora exige que sus empleos dejen de depender del veredicto automatizado de un algoritmo.
Streetsblog NY informó que Los Deliveristas Unidos había reunido más de 1,000 quejas por desactivaciones en pocos meses. Crédito: AP
