SANTO DOMINGO, RD.– La doble moral y el cálculo político del Poder Legislativo dominicano han quedado una vez más al descubierto de la forma más descarada. Mientras el Congreso Nacional es capaz de operar con una velocidad quirúrgica y exprés cuando se trata de tocar el bolsillo del pueblo —aprobando la pasada reforma fiscal en apenas seis días y sin pestañear—, los presidentes de ambas cámaras, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, continúan dando vueltas, alargando el brazo y vacilando con los ajustes definitivos al nuevo Código Penal de la República Dominicana.
Resulta un acto de estricta justicia y coherencia civil el enérgico llamado lanzado desde el púlpito por el obispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Carlos Morel Diplán. La Iglesia Católica, actuando como un aliado histórico del clamor popular y de las fuerzas vivas que exigen un verdadero marco de consecuencias jurídicas, ha tenido que recordarles cara a cara a los legisladores —quienes escuchaban en primera fila— que la paciencia de la sociedad frente a un código que lleva décadas engavetado ya se agotó. ¿Por qué para aplicar parches impositivos actúan como un rayo y para dotar al país de una ley que combata la delincuencia se vuelven lentos y burocráticos?
El retraso deliberado en la ratificación de los artículos del Código Penal no es por falta de tiempo, es por falta de voluntad política y exceso de cálculo electoral. Los derechos fundamentales establecidos de manera sagrada en la Constitución dominicana deben ser respetados, pero ese respeto no se logra manteniendo al país bajo el amparo de una legislación decimonónica y obsoleta que favorece la impunidad en las calles. La demanda eclesiástica y social no busca atropellar procesos, sino exigir el mismo nivel de compromiso y urgencia institucional que el Congreso despliega cuando recibe órdenes del Poder Ejecutivo para recaudar fondos.
Desde Noticias En Línea RD respaldamos con firmeza la exigencia de que el Congreso Nacional asuma su rol histórico de una vez por todas. Pacheco y De los Santos ya no tienen excusas válidas para seguir postergando los debates y las modificaciones de la pieza. Un legislativo que trabaja a vapor para sacrificar financieramente a la población no tiene moral para mantener en el limbo la principal herramienta de orden público y justicia del país. Es hora de que dejen atrás las tácticas dilatorias, escuchen a los sectores sensatos de la sociedad y aprueben las modificaciones al nuevo Código Penal, que entrara en vigencia el próximo día 3 de agosto, 2026 de inmediato.
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