La reciente advertencia de la Junta Central Electoral (JCE) no es un simple reclamo administrativo; es un grito de alerta sobre la estabilidad de nuestra democracia
Por: José Abreu
La reciente advertencia de la Junta Central Electoral (JCE) no es un simple reclamo administrativo; es un grito de alerta sobre la estabilidad de nuestra democracia. La propuesta del Gobierno de recortar en un 50% los fondos destinados a los partidos políticos, ignorando el 0.25% que establece la Ley 20-23, representa un precedente peligroso que vulnera el principio de seguridad jurídica y la certidumbre institucional.
Resulta contradictorio que, tras promulgarse una Ley de Presupuesto en diciembre de 2025 bajo ciertas reglas, se pretenda ahora cambiar las reglas del juego a mitad del camino. Reducir los recursos a un ínfimo 0.12% no solo afecta la logística de las organizaciones, sino que atenta directamente contra la equidad de la contienda. Al asfixiar económicamente a los partidos, se les empuja indirectamente a buscar financiamiento en sectores oscuros o a depender excesivamente de capitales privados, contaminando la transparencia que tanto nos ha costado construir.
La democracia no es un gasto, es una inversión en paz social. Cuando el Estado vulnera su propia legalidad —en este caso el artículo 224 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral— envía un mensaje de arbitrariedad. No se trata de defender privilegios partidarios, se trata de defender el sistema de partidos como pilar de la Constitución (Art. 216).
Si permitimos que el presupuesto se utilice como un garrote político para debilitar a la oposición o limitar la educación cívica, estaremos asistiendo al desmantelamiento gradual de nuestra institucionalidad. Las autoridades competentes deben escuchar el llamado de la JCE: la ley no es una sugerencia, es un mandato. Jugar con el financiamiento político es, en última instancia, jugar con la libertad de elección del pueblo dominicano.
