"Justicia para el deudor: El Tribunal Constitucional obliga al Congreso a penalizar la usura. Foto: NoticiasEnlineaRD."
(Por: Redacción NoticiasEnlineaRD)
SANTO DOMINGO, RD. – En una decisión que marca un antes y un después en la protección de los derechos económicos de los ciudadanos, el Tribunal Constitucional (TC) emitió la sentencia TC/0235/26, mediante la cual declara la inconstitucionalidad de la despenalización de la usura y ordena al Congreso Nacional legislar de manera urgente para frenar los cobros abusivos que afectan a miles de dominicanos.
El alto tribunal determinó que la falta de una regulación clara y de sanciones penales contra la usura vulnera derechos fundamentales como la dignidad humana y el derecho a la propiedad. Con este fallo, el TC pone fin a un vacío legal de más de dos décadas que ha permitido que prestamistas informales y sectores financieros apliquen tasas de interés que, en muchos casos, duplican o triplican el capital prestado.
Un mandato contra los intereses abusivos
La sentencia establece que la usura no puede ser considerada una simple práctica de mercado, sino una forma de explotación que el Estado tiene la obligación de combatir. El Tribunal Constitucional fue enfático al señalar que el Congreso Nacional ha incurrido en una “omisión legislativa inconstitucional” al no establecer límites claros y sanciones proporcionales contra quienes se aprovechan de la necesidad económica de los ciudadanos.
“La libertad de contratación no es absoluta y no puede servir de escudo para el enriquecimiento ilícito a través de intereses desproporcionados”, cita parte de la motivación del tribunal. El fallo ordena que el nuevo marco legal debe definir topes máximos de interés y establecer mecanismos de protección para los deudores.
El fin de la “trampa de la deuda”
Para los expertos en derecho constitucional, esta sentencia es un salvavidas para el sector más vulnerable de la población dominicana, que suele recurrir al crédito informal ante la falta de acceso a la banca tradicional. La práctica conocida como el “préstamo por día” o “el 20%”, que ha destruido el patrimonio de incontables familias, queda ahora bajo la mira directa de la ley.
Organizaciones de defensa al consumidor han saludado la medida, calificándola como una “victoria de la justicia social”. Ahora, la pelota está en la cancha del Congreso Nacional, que deberá redactar una ley que logre equilibrar el sistema crediticio sin permitir que el interés se convierta en una herramienta de opresión financiera.
