La narrativa de la supuesta “bonanza macroeconómica” que se predica desde las oficinas alfombradas del Palacio Nacional se está estrellando de frente contra la cortina de hierro de miles de negocios que, mes tras mes, bajan sus puertas de manera definitiva en toda la República Dominicana. Intentar camuflar la realidad culpando a factores externos o al recrudecimiento del conflicto bélico en el Medio Oriente es un insulto a la inteligencia del sector productivo. La verdadera crisis de choque que asfixia a los emprendedores y comerciantes dominicanos no tiene un origen geopolítico transatlántico; es el resultado directo de una política económica interna caracterizada por la improvisación, el endeudamiento alegre y una expansión desmedida del gasto corriente con claros fines político-electorales.
Noticias En Línea RD lleva meses fiscalizando de manera rigurosa el comportamiento de los diferentes sectores de la economía nacional, y el diagnóstico es alarmante. En el sector comercio, el panorama es desolador: las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) no han podido soportar una combinación letal de variables asfixiantes. Por un lado, se enfrentan a un desplome dramático en los niveles de ventas debido a la pérdida del poder adquisitivo del ciudadano; por el otro, son golpeadas por un incremento descontrolado en sus gastos fijos. La abusiva facturación del servicio de energía eléctrica —que llega con aumentos exorbitantes a pesar de los constantes apagones—, sumada a la carga impositiva y al encarecimiento de los alquileres comerciales, ha convertido el acto de emprender en una misión suicida en el país.
El secuestro del circulante y la inflación de los calderos vacíos
A este asfixiante escenario de costos fijos se le suma un factor macroeconómico determinante: la drástica caída de la inversión pública por parte del Gobierno central. Al paralizar o ralentizar las obras de infraestructura de alto impacto en las provincias, el Estado ha provocado una severa recesión del dinero circulante en la calle. No hay liquidez en los barrios, el dinero no fluye en los mercados y el comercio minorista agoniza por falta de clientes. La realidad estadística desmiente la propaganda oficial: el primer semestre de este año 2026 arrastra exactamente el mismo comportamiento recesivo e inestable que ha caracterizado a los últimos años de la presente administración.
La consecuencia directa de este descalabro la paga el dominicano de a pie en el mostrador del colmado. La inflación real ha disparado a niveles inalcanzables los precios de los artículos básicos de la canasta familiar dominicana. Comer se ha vuelto un lujo en un país donde el salario real se devalúa frente al costo de los plátanos, el arroz, las carnes y el aceite. El descontento social que hoy se expresa en las calles a través de marchas comunitarias y cacerolazos consecutivos en los ensanches y barrios del Gran Santo Domingo es el eco de un estómago vacío que ya no se llena con gráficos estadísticos ni promesas de campaña.
Recomendamos leer: Gobierno de Abinader enfrenta una semana de cacerolazos y protestas
El veredicto de la calle es inapelable. Los emprendedores no cierran sus puertas por falta de capacidad o de voluntad de trabajo; quiebran porque las actuales autoridades han diseñado un mercado hostil que premia el gasto burocrático y castiga al que produce. Un gobierno que se dedica a ensanchar la nómina pública para asegurar lealtades partidarias mientras ahoga con impuestos y apagones al comerciante independiente está cavando la tumba del desarrollo nacional. Es hora de que el Poder Ejecutivo asuma su responsabilidad, detenga la improvisación y entienda que una gran nación no se edifica con propaganda, sino garantizando la rentabilidad y la seguridad jurídica de quienes arriesgan su capital para generar empleos reales.
About the Author
