SANTO DOMINGO.– El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró penalmente en rebeldía a la ciudadana Ingrid Jorge y emitió una orden de conducencia obligatoria en su contra. La medida fue adoptada luego de que la imputada no se presentara a la audiencia fijada para el conocimiento del juicio preliminar que se le sigue por presunta difamación e injuria a través de medios digitales contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la determinación legal debido a la incomparecencia reiterada de la acusada, quien según el equipo técnico del tribunal ha faltado a tres citaciones consecutivas de manera injustificada, lo que paralizó el curso del proceso judicial.
Tres inasistencias forzaron la conducción obligatoria
El reputado jurista Miguel Valerio, representante legal de la ministra Raful, explicó a la salida del tribunal que la parte querellante ha mantenido en todo momento una postura abierta a explorar salidas alternas al conflicto conforme a las herramientas de mediación que contempla el Código Procesal Penal. No obstante, Valerio puntualizó que el desacato sistemático de la acusada ante los llamados de la corte no dejó otra opción jurídica que solicitar la declaratoria de rebeldía y el arresto preventivo para conducirla por la fuerza pública.
El abogado aclaró que, una vez las autoridades policiales ejecuten la orden de conducencia y presenten a Ingrid Jorge ante el despacho de la magistrada Rivas, la medida punitiva provisional será levantada y la corte procederá a fijar una nueva fecha para dar continuidad formal al juicio.
Las imputaciones bajo la Ley de Alta Tecnología
El expediente instrumentado por el Ministerio Público detalla que Ingrid Jorge enfrenta cargos criminales por la presunta violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como al artículo 367 del Código Penal Dominicano, que tipifica la difamación e injuria pública.
De acuerdo con la acusación formal del órgano persecutor, la encartada utilizó plataformas digitales y redes sociales para difundir expresiones falsas e injuriosas de alto calibre, pretendiendo vincular a Raful con alegadas actividades ilícitas y conductas personales indebidas. El Ministerio Público sostiene de forma técnica que dichas declaraciones carecen de todo sustento probatorio y que fueron emitidas de manera deliberada con el único propósito de lacerar la imagen, el honor y la reputación pública de la funcionaria estatal.
Por su parte, Faride Raful ha reiterado que esta acción legal busca sentar un precedente firme en la sociedad dominicana sobre el uso responsable de las redes sociales, defendiendo su derecho constitucional a la intimidad y a la dignidad frente a lo que califica como campañas sistemáticas de desinformación y difamación digital.
