Por: José Abreu
La ciudad de Santiago volvió a ser testigo este viernes de un clamor que el Palacio Nacional no ha logrado silenciar con comunicados: la marcha de campesinos de más de 20 comunidades de la Cordillera Septentrional. A pesar de que el Gobierno dominicano se ha apresurado a negar intenciones de autorizar una explotación minera a gran escala, la presencia de equipos de exploración en la zona ha encendido una mecha que la retórica oficial no apaga.
1. La crisis de confianza: Exploración vs. Explotación
El argumento gubernamental de que “solo es exploración” resulta, para el campesino que vive del río y la siembra, una distinción semántica peligrosa. Históricamente, en la República Dominicana, la exploración ha sido el caballo de Troya de la explotación. Los manifestantes de comunidades como Carlos Díaz, Gurabo y Jacagua saben que ninguna empresa invierte millones en estudios geológicos si no tiene la certeza de que el Estado, tarde o temprano, cederá ante el peso de las regalías.
2. El valor estratégico de la Septentrional
La Cordillera Septentrional no es solo un conjunto de lomas; es el pulmón y el reservorio hídrico de la provincia de Santiago y gran parte del Cibao Central. Cualquier intervención minera en esta zona impactaría directamente en las cuencas que alimentan el consumo humano y la producción agrícola.
La contradicción: ¿Cómo habla el Gobierno de soberanía alimentaria mientras permite que empresas mineras merodeen las zonas de mayor producción y captación de agua del norte del país?
3. La respuesta oficial: ¿Negación o postergación?
El Ministerio de Energía y Minas ha intentado calmar las aguas asegurando que no hay permisos de explotación. Sin embargo, la movilización de este viernes demuestra que el liderazgo social de Santiago percibe una “tibieza” —palabra que ya hemos analizado antes— en la protección legal definitiva de estos ecosistemas. No basta con decir “no tenemos intención ahora”; el país exige la declaración de estas zonas como áreas protegidas intocables.
4. Postura Crítica: El costo social del extractivismo
El Gobierno de Luis Abinader se enfrenta a un dilema ético y político. Por un lado, la presión de aumentar los ingresos fiscales a través de la minería; por el otro, el derecho de las comunidades a su entorno natural. La marcha en Santiago es una advertencia clara: el Cibao no va a canjear sus ríos por oro o níquel. La movilización ciudadana es el único freno real ante un modelo económico que, con frecuencia, prioriza el beneficio inmediato de pocos sobre la supervivencia a largo plazo de muchos.
Puntos para tu análisis en radio/TV, Abreu:
La falta de transparencia: Si no hay intención de explotar, ¿por qué se mantienen vigentes los permisos de exploración? ¿Quién está financiando esos trabajos y con qué promesa?
El factor político: En una provincia tan determinante electoralmente como Santiago, este movimiento campesino puede convertirse en un dolor de cabeza mayor para el PRM si no hay un decreto contundente que cierre las puertas a la minería en la Septentrional.
El precedente: Menciona el caso de Loma Miranda. El pueblo aprendió que la única forma de detener la minería en zonas sensibles es mediante la presión social constante, porque la ley, a veces, se dobla ante el interés corporativo.
