El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fijará la fecha de la audiencia en la que el Ministerio Público solicitará apertura a juicio contra 14 militares y civiles acusados de corrupción estatal.
Santo Domingo. – La jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, apoderó formalmente al magistrado Deiby Timoteo Peguero, titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción, para conocer la etapa preliminar del expediente denominado Operación Lobo. En este caso, el Ministerio Público acusa a una presunta red criminal integrada por militares y civiles de recibir más de RD$108 millones en sobornos a cambio de beneficiar a empresas de seguridad privada con contratos estatales.
La asignación del magistrado se realizó mediante el correspondiente sorteo aleatorio computarizado. Con este apoderamiento, el tribunal procederá a fijar la fecha para la audiencia preliminar, escenario donde el órgano persecutor presentará formalmente su acusación y solicitará el auto de apertura a juicio contra los 14 imputados que componen el expediente.
El entramado de corrupción y las instituciones afectadas
De acuerdo con la acusación formal del Ministerio Público, la estructura criminal estaba compuesta por funcionarios públicos, tanto de rango militar como civil, quienes presuntamente utilizaban sus posiciones en diversas dependencias del Estado para exigir y recibir pagos ilícitos de empresas de vigilancia privada. Estos desembolsos tenían como finalidad garantizar la adjudicación directa y la permanencia de los contratos de seguridad en perjuicio de los fondos públicos.
El expediente detalla que las operaciones fraudulentas de la red se extendieron de manera sistemática por múltiples entidades estatales clave, entre las que destacan:
Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase)
Empresas Distribuidoras de Electricidad (EdeSur, EdeEste y EdeNorte)
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)
Transferencias y entregas en efectivo
La investigación fiscal sostiene que, durante los períodos constitucionales 2012-2020 y 2020-2025, la empresa Senase canalizó los pagos ilícitos a los funcionarios investigados a través de transferencias bancarias y recurrentes entregas de dinero en efectivo. Según el órgano acusador, estas maniobras permitieron un desvío sistemático de recursos públicos, consolidando una estructura que operó durante años de espaldas a los controles institucionales.
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