Gabi Desangles y Tamara Martínez, quien ira a Najayo por 3 meses por difamación. Foto de El Nacional de ahora
SANTO DOMINGO.– En un fallo que ha sacudido las estructuras del entretenimiento dominicano, la jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, condenó este miércoles a la comunicadora Tamara Martínez a cumplir tres meses de prisión tras ser declarada culpable de difamación e injuria en perjuicio de la presentadora y actriz Gabi Desangles.
La sentencia dispone de manera expresa que Martínez deberá cumplir la sanción penal en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres. El dictamen judicial determinó que la imputada violó los artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la cual penaliza drásticamente la difusión de pronunciamientos lesivos, falsos e injuriosos a través de plataformas digitales, redes sociales y medios electrónicos de comunicación.
El origen de la disputa y la petición fiscal
Este sonado caso comenzó a ventilarse en los tribunales en abril de 2024, fecha en la que Gabi Desangles interpuso una querella formal. La acción legal respondió a una serie de comentarios y acusaciones reiteradas vertidas por Martínez en distintos programas de panel y perfiles sociales, los cuales, según el tribunal, buscaron lacerar de forma deliberada el honor, la dignidad y la sólida reputación pública de la afectada.
Durante la etapa de debates, el Ministerio Público fue más severo y llegó a solicitar una pena de un año de reclusión junto al pago de una indemnización económica de 200 salarios mínimos del sector público. El órgano persecutor basó su estrategia en un robusto expediente compuesto por certificaciones digitales y pruebas audiovisuales que evidenciaron la sistematicidad de los ataques de la procesada.
Incidentes de la defensa y precedente legal
Aunque los abogados de Tamara Martínez promovieron diversos incidentes legales e intentaron desmontar los cargos apelando a la libertad de expresión, la barra de la defensa de Desangles, integrada por los juristas Ángel Leonel Canó y Nelson Burgos, demostró el impacto directo que sufrieron la imagen y los contratos de la actriz.
Este veredicto se suma a la reciente ola de judicializaciones en la República Dominicana (como el caso de Ingrid Jorge y la ministra Faride Raful), marcando un precedente definitivo sobre los límites legales que tienen los líderes de opinión y comunicadores al emitir juicios de valor en la era digital.
