Redacción Noticiasenlineard
SANTO DOMINGO, RD.- Un drama humano y legal ha generado consternación en la opinión pública tras la denuncia de un ciudadano que acusa a las autoridades de la Dirección General de Migración (DGM) de haber deportado hacia Haití a su nieta recién nacida. El argumento de los agentes migratorios para proceder con la repatriación de la infante se basó estrictamente en el estatus legal de la madre, una ciudadana haitiana en condición migratoria irregular.
El abuelo de la menor se presentó ante los medios de comunicación visiblemente afectado para aclarar los términos de su reclamo. Según sus declaraciones, su intención en ningún momento fue interferir con los procedimientos legales del Estado dominicano ni evitar que la madre de la niña fuera devuelta a su país de origen. Su única y desesperada petición hacia las autoridades fue que le permitieran retener la custodia de la bebé en territorio nacional, alegando que la menor tiene ascendencia dominicana por la vía paterna.
El denunciante explicó que la separación forzosa y la posterior expulsión de la recién nacida vulnera sus derechos familiares, dado que él estaba en plena disposición de asumir la responsabilidad total de la crianza, manutención y cuidado de su nieta. “Nunca quise que no deportaran a la madre si estaba indocumentada, yo solo pedía que me dejaran a la niña porque ella es dominicana y tiene su familia aquí”, manifestó con impotencia el pariente afectado.
El debate legal sobre la nacionalidad y los operativos
Este suceso reaviva de inmediato el complejo debate jurídico e institucional en torno a los operativos de control migratorio que ejecuta el Gobierno central. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de la sociedad civil han reaccionado al caso, señalando la necesidad de que los agentes en el terreno actúen apegados a protocolos rigurosos que evalúen el interés superior del niño y eviten la separación familiar drástica en casos donde existan vínculos de consanguinidad directa con ciudadanos dominicanos.
Por otro lado, sectores que respaldan la rigurosidad de las repatriaciones recuerdan lo establecido en la Constitución de la República sobre la adquisición de la nacionalidad y los registros de nacimientos de extranjeros en tránsito. No obstante, el reclamo del abuelo no se centraba en la documentación inmediata, sino en el derecho legítimo de amparar a un miembro de su propia sangre en suelo quisqueyano. Hasta el momento, las autoridades de la Dirección General de Migración no han emitido un comunicado oficial aclarando las circunstancias específicas en las que se produjo este traslado fronterizo.
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