Redacción Noticiasenlineard
La empresa agroindustrial Central Romana rechazó de manera categórica las recientes imputaciones publicadas por el grupo humanitario estadounidense Corporate Accountability Lab (CAL), las cuales señalan la persistencia de supuestas prácticas de “trabajo forzoso” en sus campos de cultivo de caña de azúcar. La administración de la compañía calificó estos señalamientos como “malintencionados” y denunció que buscan interferir directamente en la estabilidad del sector productivo de la República Dominicana.
A través de una misiva formal firmada por Jorge A. Sturla, vicepresidente de Comunicaciones de la corporación, la entidad enfatizó que el contenido de dicho informe carece de veracidad, tildándolo de “completamente difamatorio”. Debido a la gravedad de los señalamientos, Central Romana informó que sus asesores legales ya procedieron a notificar formalmente a la organización promotora del reporte para abrir el debido curso jurídico.
Garantías salariales y afiliación sindical
El ejecutivo aclaró detalladamente las condiciones en las que opera su fuerza laboral agrícola. En primer lugar, la empresa ratificó que la totalidad de sus trabajadores de campo perciben ingresos económicos que se ubican por encima del salario mínimo diario fijado por las leyes vigentes para el sector azucarero dominicano. Asimismo, desmintió las trabas organizacionales denunciadas por la ONG, recordando que sus colaboradores gozan de plena libertad de asociación gremial.
“A través del Sindicato Unido de Trabajadores, el de mayor afiliación en el país, nuestros empleados negocian conquistas laborales tangibles mediante un Pacto Colectivo instaurado desde 1966”, puntualiza la comunicación oficial. Entre los beneficios citados se incluyen aumentos salariales escalonados y bonificaciones extras entregadas al término de cada zafra azucarera, superando los parámetros mínimos previstos en el Código de Trabajo nacional.
Estructura de salud para los cañeros
Respecto a las demandas de asistencia sanitaria formuladas en el reporte internacional, Central Romana argumentó poseer un robusto sistema privado de salud en favor de sus operarios. La empresa implementa un convenio de cobertura médica privada a través de la prestadora ARS Abel González, costeado íntegramente por la compañía y sin deducción alguna para el personal agrícola que carece de estatus migratorio regularizado.
La red asistencial comunitaria se complementa con dos subcentros médicos fijos y tres unidades médicas móviles que recorren diariamente las colonias cañeras, ofreciendo atenciones primarias y fármacos gratuitos. Según Sturla, los ataques no responden a una preocupación real por los derechos humanos, sino a agendas externas interesadas en golpear la reputación comercial, la competitividad internacional y la incidencia socioeconómica de la República Dominicana en los mercados extranjeros.
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