SANTO DOMINGO — Un nuevo y demoledor ingrediente sacude el ya convulso expediente de corrupción de la “Operación Cobra”. La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó de manera unánime la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva dictada contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado formalmente de extorsión y prevaricación tras recibir un soborno en dólares para torcer el rumbo de las investigaciones del fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El tribunal, presidido por el magistrado Francisco Jerez Mena e integrado por los jueces María Garabito, Nancy Salcedo, Yorlin Vásquez Castro y Fran Soto, conoció el recurso de apelación durante la jornada de la mañana de este miércoles y, en las primeras horas de la tarde, notificó el fallo que sepulta las intenciones del imputado de obtener su libertad.
Una defensa desarmada ante una captura en flagrante delito
La barra de la defensa del fiscal encartado interpuso el recurso con el objetivo de revocar la decisión previa de la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien había ordenado el envío de Valdez Alcántara a un centro de reclusión bajo prisión preventiva. Sin embargo, las pruebas presentadas por el órgano persecutor resultaron demoledoras.
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Valdez Alcántara fue arrestado de manera fulminante tras ser sorprendido con las manos en la masa en medio de un operativo de entrega vigilada, debidamente autorizado y coordinado por un juez de instrucción. Las actas del Ministerio Público detallan que el funcionario judicial recibió la suma en efectivo de 10,000 dólares de manos del imputado Roberto Canaán, quien figuraba como uno de los testigos y sujetos bajo investigación en la estructura mafiosa que desfalcó la ARS estatal.
El caso SeNaSa suma turbulencia en medio del silencio oficial
Este arresto y su posterior ratificación por parte del máximo tribunal penal del país añaden presión sobre la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Justo cuando sectores civiles denuncian un prolongado letargo en el avance de la denominada versión “SeNaSa 2.0” y cuestionan el hermetismo del titular de la Pepca, Wilson Camacho, la captura de este fiscal confirma que las ramificaciones del caso tocan incluso las estructuras internas encargadas de aplicar la justicia. De acuerdo con el expediente, Canaán estaba entregando los recursos con la promesa de que el fiscal Valdez Alcántara alterara las líneas de investigación o suavizara los cargos en los informes que debían remitirse a las altas instancias de la Procuraduría General de la República (PGR). Con el rechazo de la apelación, el suspendido magistrado deberá cumplir la totalidad de la medida de coerción mientras se estructura el acto conclusivo para el juicio de fondo.
