Por: José Abreu / Noticias en Línea RD
SANTO DOMINGO — El reloj procesal avanza y la paciencia de la ciudadanía se agota. Han transcurrido exactamente ocho meses desde que la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia depositaran, el pasado 29 de septiembre de 2025, un contundente sometimiento ante la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, lo que debió ser una respuesta enérgica del Ministerio Público se ha convertido en un desierto de respuestas. Hasta la fecha, el Procurador Adjunto y director general de Persecución, Wilson Camacho, ha guardado un hermético silencio que no hace más que dejar en el limbo la prometida versión “SeNaSa 2.0” de la Operación Cobra. Esta inacción no es un simple retraso burocrático; es un golpe directo a la credibilidad de la lucha contra la corrupción.
La denuncia formal no es un asunto menor: expandió las dimensiones del desfalco contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) hasta fijarlo en la alarmante y escandalosa suma de 41,000 millones de pesos. El documento exigía la investigación inmediata de la cadena Medicar GBC y de su presidente ejecutivo, Raymond Rodríguez. Resulta, por decir lo menos, inexplicable el salto exponencial de esta empresa, que pasó de 50 a 188 sucursales en menos de tres años. Los indicios suponen que dicha expansión pudo financiarse con recursos millonarios sustraídos de la ARS estatal mediante el cobro de facturas sin indicaciones médicas. Frente a una sospecha de tal magnitud, el silencio de las autoridades se vuelve cómplice.
Un expediente congelado bajo la sombra del poder político
A pesar de la gravedad y solidez de las imputaciones presentadas por el jurista Miguel Surún Hernández, el Ministerio Público ha mostrado una apatía inaceptable. No se ha ejecutado ninguna de las medidas cautelares solicitadas el año pasado, las cuales incluían prisión preventiva, inmovilización de cuentas bancarias y embargos preventivos contra los nuevos encartados. ¿A qué se debe este letargo? Para los sectores sociales, la respuesta parece obvia y altamente preocupante: el expediente toca de forma directa las fibras del poder político y de fiscalización de alta jerarquía.
Es imposible no cuestionar la falta de acción cuando los señalados ocupan o han ocupado puestos clave:
Santiago Hazim, exdirector de SeNaSa, quien según el sometimiento de la Dirección General de Persecución, bajo cuya gestión se habrían permitido las irregularidades.
Jesús Feris Iglesias y Miguel Ceara Hatton, exsuperintendentes de la SISALRIL, acusados de ignorar los informes de auditoría que alertaban del fraude.
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Los exdirectivos Gustavo Guilamo, Rafael Dujarric, Gustavo Messina, Germán Robles y Ángel Luis Guzmán, señalados por el diseño técnico de las maniobras de simulación de coberturas farmacéuticas.Ver estos nombres en el expediente y observar la parálisis de la Pepca despierta una legítima sospecha sobre si la vara de la justicia mide a todos por igual en la República Dominicana.
La palabra empeñada y el riesgo de 7.5 millones de afiliados
La falta de dinamismo por parte del órgano persecutor coloca bajo un duro cuestionamiento el compromiso público que la Pepca y la PGR asumieron inicialmente con la Operación Cobra. Mientras el caso permanece engavetado y sin nuevas órdenes de arresto, las consecuencias las sufre el ciudadano de a pie. Este crimen financiero no es abstracto; golpea de forma directa la estabilidad de los servicios de salud y puso en riesgo la cobertura de más de 7.5 millones de dominicanos adscritos al régimen subsidiado.
Para la clase trabajadora y las madres vulnerables, la impunidad en el caso SeNaSa se traduce en la falta de medicamentos esenciales en los hospitales del Estado. La salud pública no puede seguir siendo el botín de la corrupción bajo la mirada indiferente de quienes prometieron perseguirla. Es hora de que el magistrado Wilson Camacho rompa el silencio y demuestre con acciones que la justicia en este país no se detiene ante el poder político ni comercial.
