El miércoles de esta semana se cumple el primer aniversario del suceso más traumático que ha presenciado la sociedad dominicana en tiempos recientes: el desplome de la discoteca Jet Set.
La sociedad dominicana recuerda este miércoles el primer aniversario del colapso de la discoteca Jet Set, un suceso que ha sido considerado el más traumático de los tiempos recientes.
Ese lugar donde exactamente hace un año 236 individuos estaban disfrutando y que, de forma imprevista, fueron aplastados por el colapso de una estructura que medía cerca de tres pisos.
La catástrofe causó que algunos fallecieran en pocos minutos, mientras que aproximadamente 180 personas fueron heridas, algunas de las cuales resultaron con cicatrices permanentes.
La razón principal por la que la memoria de aquel día trágico sigue viva en la sociedad es el proceso judicial en el que Antonio y Maribel Espaillat, los dueños del Jet Set, están siendo acusados de presuntamente no haber prestado atención a las señales que indicaban el peligro de una caída del inmueble.
Este caso, que es conocido por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, todavía está en la etapa preliminar a pesar de haber pasado exactamente un año. En esta fase, el Ministerio Público (MP) apenas concluyó su acusación de forma resumida el lunes anterior.
El tribunal todavía no ha podido avanzar hacia la etapa final en la que se decidirá si son culpables o inocentes: el juicio de fondo, a pesar de las numerosas audiencias en las que han estado presentes los representantes legales de las víctimas y los hermanos Espaillat.
Mientras tanto, Maribel y Antonio Espaillat afirman estar seguros de su inocencia frente a quienes los acusan de haber estado al tanto de que el deterioro provocaría la caída del edificio.
¿Un homicidio intencional?
Sin embargo, los magistrados del órgano persecutor creen que ambos deberían ser condenados por asesinato, heridas y golpes causados de forma accidental, delitos que el Código Penal dominicano tipifica en sus artículos 319 y 320.
Según el MP, los miembros de la familia dueña de la discoteca antigua actuaron desconsideradamente y sin observar las normas al llevar a cabo cambios estructurales en el edificio sin pedir los permisos pertinentes a las autoridades.
Además, se suman otras circunstancias, como la ausencia de una evaluación previa antes del aumento de peso en el techo y no haber cancelado el evento donde cantó Rubby Pérez, otro artista que ha fallecido.
Tres meses hasta dos años
El artículo 319 determina que el individuo que cometa homicidio involuntario a causa de imprudencia, negligencia, inadvertencia, torpeza o falta de cumplimiento con las normas será sancionado con dos años de cárcel correccional como máximo, y con tres meses como mínimo. Además, se le impondrá una multa monetaria.
Mientras tanto, el artículo 320 establece que, si la imprudencia o la falta de precaución han provocado solamente heridas o golpes, la pena privativa de libertad será de seis días a dos meses y también se le impondrá una multa.
No obstante, el conjunto de leyes penales en vigor en la República Dominicana no incluye el cúmulo de penas; esto quiere decir que los acusados solo pueden ser condenados por un delito y recibir una única sentencia.
Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), aclaró que el juez tiene la facultad, a su discreción, de imponer la pena máxima si se presentó alguna circunstancia que agrave el hecho.
“Lo habitual y lo razonable es que el juez decida la pena más elevada si hay condiciones que agraven el delito”, dijo este miércoles cuando lo consultaron los reporteros de este medio.
“Se trató de un homicidio intencional”.
De acuerdo con el Ministerio Público, estos fueron los crímenes en que incurrieron los familiares de Espaillat. En su querella, no obstante, otros representantes legales hicieron acusaciones distintas en su contra.
Luis Aybar Duvergé fue uno de ellos. Este abogado, representado por Gregory Adames, fue el testigo principal que empleó la entidad persecutora para establecer sus pruebas contra los dueños del Jet Set.
Adames, responsable de hacer las reservaciones de las mesas y de organizar la logística para los eventos que se llevaban a cabo en el centro de entretenimiento nocturno, también sufrió heridas junto con más de 100 personas.
Aybar Duvergé, el jurista, sostiene que Antonio Espaillat debe ser juzgado por homicidio voluntario, en oposición a lo afirmado por el Ministerio Público. Esto se debe a que Adames estaba informado acerca de las “negligencias” y omisiones de los propietarios del Jet Set.
Duvergé declaró a los reporteros de Listín Diario que las calificaciones jurídicas presentadas por los fiscales son indulgentes, aunque hay evidencias suficientes para clasificar el caso como “homicidio voluntario”.
El artículo 295 establece que se comete homicidio cuando “se mata a otro voluntariamente”. El Código Penal prevé penas de cárcel de tres a 20 años para esta situación, encarcelando así al acusado considerado culpable.
Los familiares de las víctimas también exigen cantidades millonarias de dinero como parte del resarcimiento en más de 300 acusaciones.
50 millones de pesos mexicanos
El 19 de junio del año pasado, el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso a Maribel y Antonio Espaillat una medida de coerción que incluye la prohibición de salir del país y presentarse periódicamente, además de pagar RD$50 millones.
El próximo 20 de abril es la fecha en que los acusados y las partes demandantes volverán a comparecer ante la Fiscalía del Distrito Nacional. En esa ocasión, los querellantes expondrán sus conclusiones frente al juez Raymundo Mejía.
