SAN JUAN, PUERTO RICO (AP).— El secuestro que sacudió este fin de semana a Haití no fue el de un ciudadano común. Hombres armados capturaron a James Boyard, inspector general de la Policía Nacional de Haití y director de gabinete del Ministerio de Defensa, uno de los funcionarios de seguridad más respetados y mejor posicionados del país caribeño.
El hecho ocurrió el jueves en Bourdon, uno de los pocos barrios de Puerto Príncipe que hasta ahora se consideraba relativamente a salvo del avance de las pandillas que controlan gran parte de la capital haitiana. La información fue confirmada por una persona con conocimiento directo de la situación, según reportó la Agencia AP.
Un golpe al corazón del aparato de seguridad
El secuestro de Boyard no es un hecho aislado. Es un mensaje. Que las bandas armadas que operan en Haití sean capaces de capturar al inspector general de la Policía, el funcionario encargado precisamente de supervisar y fiscalizar a las fuerzas del orden, representa una escalada sin precedentes en la crisis de seguridad que vive el país.
Bourdon ha sido históricamente uno de los sectores residenciales más protegidos de Puerto Príncipe, hogar de diplomáticos, funcionarios y miembros de la élite haitiana. Que las pandillas hayan podido operar allí con esa impunidad indica que ya no existen zonas verdaderamente seguras en la capital.
El contexto que lo explica todo
Haití lleva años en una espiral de violencia que se ha acelerado dramáticamente desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Las pandillas, agrupadas principalmente bajo la coalición Viv Ansanm, controlan hoy más del 85% del territorio de Puerto Príncipe, según estimaciones de organismos internacionales.
La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenya con respaldo de varios países, ha tenido avances limitados en su intento de recuperar el control de la capital. La Policía Nacional de Haití, debilitada, con recursos escasos y bajo una presión constante, enfrenta un desafío que supera ampliamente su capacidad operativa actual.
El secuestro de uno de sus máximos supervisores institucionales es, en ese contexto, un golpe devastador tanto a la moral de las fuerzas del orden como a la imagen de cualquier posibilidad de estabilización.
La dimensión regional
Para República Dominicana, que comparte 391 kilómetros de frontera con Haití, este tipo de hechos no son noticias lejanas. La incapacidad del Estado haitiano de proteger ni siquiera a sus propios funcionarios de más alto rango en materia de seguridad es uno de los factores que alimenta el flujo migratorio hacia el territorio dominicano y que complejiza cualquier acuerdo binacional de cooperación fronteriza.
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El caso Boyard recuerda, una vez más, que la crisis haitiana no tiene solución policial. Tiene causas estructurales, históricas y geopolíticas que la comunidad internacional ha reconocido pero que, hasta ahora, no ha logrado atender con la urgencia y los recursos que la situación exige.
Al cierre de esta nota, no había información oficial sobre el paradero de Boyard ni sobre las condiciones en que se encontraba.
(c) Agencia AP)
