Protesta pacífica en defensa del agua termina intervenida por fuerzas del orden, generando críticas de autoridades y elevando la tensión en el conflicto minero.
Por José Abreu
SAN JUAN DE LA MAGUANA, República Dominicana.—Lo que inició como una de las mayores movilizaciones pacíficas en la historia reciente de la provincia, terminó marcado por la intervención de las fuerzas del orden.
Agentes de la Policía Nacional dispersaron con bombas lacrimógenas y chorros de agua a manifestantes que participaban en la marcha contra el proyecto minero Romero, impulsado por la empresa GoldQuest Mining Corp.
La acción generó indignación inmediata entre los presentes y elevó la tensión en un conflicto que ya venía escalando en las últimas semanas.
De protesta pacífica a intervención policial
Testigos y participantes coinciden en un punto clave:
la manifestación se desarrollaba de manera pacífica y organizada
Sin embargo, en cuestión de minutos, el escenario cambió.
Las unidades policiales desplegadas en la zona activaron protocolos de dispersión, utilizando gases lacrimógenos y camiones cisterna para desalojar a los manifestantes que se dirigían hacia la presa de Sabaneta.
Críticas desde el liderazgo político
El senador Félix Bautista calificó la actuación como “un error”.
“Lanzar bombas lacrimógenas y chorros de agua es inaceptable. Todo estaba en calma”, declaró.
Sus palabras reflejan una ruptura significativa:
incluso sectores políticos presentes en la marcha cuestionaron la intervención
El agua como eje… y detonante
La movilización tenía un objetivo claro:
defender los recursos hídricos de la provincia
El temor a que la actividad minera afecte el río San Juan y la presa de Sabaneta ha sido el principal motor de las protestas.
Paradójicamente, la jornada terminó con el uso de agua como herramienta de dispersión, en una escena que muchos manifestantes calificaron como simbólicamente contradictoria.
Autoridades locales se alinean con la protesta
El alcalde Lenin de la Rosa reafirmó su respaldo a la movilización:
“San Juan prefiere seguir siendo un distrito agrícola, no minero”.
El posicionamiento de autoridades locales evidencia que el conflicto ya no es solo social:
Tiene peso político e institucional
Productores denuncian presión económica
Desde el sector agrícola, también surgieron denuncias preocupantes.
El productor Robín Alcántara afirmó que se han aplicado presiones indirectas para favorecer el proyecto minero, incluyendo la reducción en la compra de productos locales.
De confirmarse, esto abriría otro frente: el uso de mecanismos económicos para incidir en decisiones comunitarias.
Un conflicto que entra en una nueva fase
La intervención policial marca un punto de inflexión.
Hasta ahora, el conflicto se desarrollaba en el terreno de:
Protestas
Debates ambientales
Posicionamientos políticos
Pero con el uso de la fuerza, entra en una dimensión más delicada:
El derecho a la protesta
El manejo del orden público
Y la respuesta del Estado frente a la disidencia
Análisis: cuando el Estado escala la tensión
El uso de la fuerza en contextos de protesta pacífica suele tener un efecto contrario al esperado:
No desactiva el conflicto
O intensifica
En San Juan, la intervención podría fortalecer la cohesión del movimiento y ampliar su alcance más allá de la provincia.
Lo que estaba contenido como un conflicto local, corre el riesgo de convertirse en un debate nacional sobre:
Modelo de desarrollo
Gestión ambiental
Y libertades públicas
Situación en desarrollo
La jornada continúa bajo un ambiente de tensión, mientras crecen las expectativas sobre una reacción oficial del Gobierno central, encabezado por Luis Abinader.
La pregunta ahora no es solo ambiental:
¿cómo responderá el Estado ante un movimiento social que ya demostró su capacidad de movilización?
