Fiscal de Colombia, Luz Adriana Camargo, y procuradora de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso. AGENCIA EFE.
SANTO DOMINGO. – En un movimiento estratégico que promete asestar un golpe contundente a las estructuras del crimen organizado transnacional, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y la procuradora general adjunta de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, formalizaron la firma de un acuerdo histórico para la creación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI).
Esta alianza binacional se enfocará de manera prioritaria en perseguir y desmantelar las mafias dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, un flagelo que golpea con fuerza la seguridad y los derechos humanos en ambas naciones.
El acuerdo trasciende el protocolo diplomático ordinario al constituirse como una herramienta jurídica y operativa de primer nivel. Con la conformación de este ECI, las autoridades dominicanas y colombianas quedan facultadas para:
Compartir información de inteligencia y datos procesales en tiempo real.
Unificar técnicas de rastreo financiero orientadas a asfixiar los activos y el lavado de dinero de los tratantes.
Coordinar operativos simultáneos y allanamientos en ambos territorios para desarticular los liderazgos de estas redes.
Persecución implacable contra la explotación
El enfoque prioritario en la explotación sexual responde a una realidad alarmante en la región, donde mujeres y menores de edad son capturados frecuentemente mediante falsas promesas de empleo para luego ser trasladados a través de corredores clandestinos internacionales.
Al institucionalizar este equipo de investigación conjunta, República Dominicana y Colombia no solo fortalecen sus respectivos esquemas de seguridad nacional, sino que establecen un referente de cooperación judicial en América Latina. Con el respaldo operativo de la fiscalía colombiana y la experiencia procesal del Ministerio Público dominicano, las autoridades envían un mensaje contundente: los criminales ya no podrán refugiarse en los vacíos jurisdiccionales para evadir la acción de la justicia.
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