San Juan de la Maguana.– Lo que en principio se presentó como un proyecto de desarrollo minero hoy se ha transformado en uno de los conflictos socioambientales más sensibles de la República Dominicana. El denominado proyecto Romero, impulsado por la empresa canadiense GoldQuest, ha reactivado tensiones históricas entre comunidades, autoridades, sectores religiosos y actores políticos, en torno a un elemento vital: el agua.
Ubicado en plena Cordillera Central, considerada la principal fuente hídrica del país, el proyecto ha despertado preocupación por sus posibles efectos sobre ríos, acuíferos y sistemas productivos que dependen directamente de estos recursos. La zona no solo abastece a la provincia de San Juan, sino que sostiene amplias regiones agrícolas del sur dominicano.
El debate tomó un nuevo impulso tras una huelga general de 24 horas en San Juan de la Maguana, donde diversos sectores sociales paralizaron gran parte de las actividades económicas en rechazo a la iniciativa minera. La jornada, organizada por movimientos sociales, evidenció el nivel de rechazo que existe en una población que percibe el proyecto como una amenaza directa a su supervivencia.
Sin embargo, la oposición al proyecto no es reciente. Desde hace años, distintos actores han advertido sobre los riesgos ambientales asociados a la explotación minera en esta zona estratégica. Entre ellos, miembros de la Iglesia Católica, quienes han asumido una postura firme y reiterada en defensa del medio ambiente.
Ya en diciembre de 2022, sacerdotes de las provincias de Azua y San Juan hicieron un llamado directo al presidente Luis Abinader para que se abstuviera de otorgar permisos de explotación al proyecto Romero. En su pronunciamiento, respaldado por estudios de expertos de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, advirtieron sobre el riesgo de contaminación de las aguas del río San Juan y sus afluentes.
Según estos sectores, cualquier intervención minera en la zona podría comprometer seriamente el equilibrio ecológico de la Cordillera Central, conocida como la “madre de las aguas”, de la cual dependen sistemas agrícolas, energéticos y de abastecimiento humano en gran parte del país.
A pesar de la creciente presión social, el Gobierno ha mantenido una postura técnica frente al tema. El Ministerio de Medio Ambiente ha reiterado que no ha aprobado el proyecto, y que actualmente se encuentra en fase de evaluación, a la espera de un estudio de impacto ambiental que permita determinar su viabilidad conforme a la ley.
No obstante, esta explicación no ha logrado disipar las dudas de la población, que teme que estos procesos sean el preludio de una eventual autorización. La desconfianza institucional, sumada a antecedentes históricos en conflictos similares, alimenta la percepción de que las decisiones podrían estar más influenciadas por intereses económicos que por criterios ambientales.
En el centro del debate, más allá de la minería, emerge una pregunta fundamental: ¿puede un país darse el lujo de poner en riesgo sus principales fuentes de agua en nombre del desarrollo?
La respuesta, lejos de ser técnica, es profundamente política, social y ética. Y en San Juan, esa discusión apenas comienza.
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