SANTIAGO, RD.– La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) implementará drásticas modificaciones regulatorias tras revelar las principales debilidades que utiliza el sector comercial para evadir impuestos en la República Dominicana. El director general de la institución, Pedro Urrutia Sangiovanni, precisó que, aunque no se cuenta con un monto exacto de lo que el Estado deja de percibir, los niveles de evasión e incumplimiento rondan el 50% de la actividad comercial.
El máximo responsable de la Dirección General de Impuestos Internos, Pedro Urrutia Sangiovanni, señaló que la entidad busca cambiar la forma en que se presentan los comprobantes fiscales para consumidores finales, tras identificar prácticas que permiten minimizar las ventas y evitar el pago de impuestos.
Aclaró que, aunque no poseen una cifra exacta sobre los recursos que el Estado deja de recibir cada año debido a la evasión o el incumplimiento fiscal, estimó que estos porcentajes se sitúan alrededor del 50% de las actividades comerciales de la institución.
En esta línea, mencionó que el uso indebido de los comprobantes fiscales de consumidores finales es uno de los métodos que actualmente propician la evasión y anunció que la entidad está trabajando en su reestructuración para hacerlos fácilmente identificables y mejorar el control sobre las transacciones comerciales.
“Si se utilizan mil comprobantes, cuando vaya a revisarlos, deben aparecer los mil correspondientes a ese día. Si solo hallo doscientos, significa que ochocientos están siendo movidos hacia el futuro”, aseguró Urrutia.
También, el funcionario mencionó que la DGII ha descubierto negocios que emiten comprobantes, pero no los reportan completamente el mismo día, lo que les permite reutilizarlos después para encubrir parte de sus ingresos.
Del mismo modo, Urrutia destacó otros dos aspectos que actualmente son foco de la supervisión de la DGII. El primero se refiere a las operaciones en efectivo, las cuales, como explicó, siguen siendo comunes en varios sectores económicos y complican rastrear las transacciones.
“Estamos detectando numerosas operaciones en efectivo. Esto es muy riesgoso, ya que normalmente proviene de actividades ilegales”, expresó.
El segundo aspecto está relacionado con pagos realizados con bienes o artefactos de valor, en vez de dinero, una práctica que la institución también está monitoreando.
“Hay muchas personas que intercambian objetos y utilizan estos como medio de pago, en lugar de dinero”, comentó.
Estas afirmaciones fueron realizadas durante el foro “Plan Anticrisis: Transformando la Ley 30-26 en decisiones”, que organizó la Corporación Zona Franca Santiago en el auditorio de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). En el evento participaron empresarios, directivos, asesores fiscales y representantes de diversos sectores productivos para discutir los impactos de la Ley.
La gobernadora de Santiago, Rosa Santos; el alcalde Ulises Rodríguez; funcionarios de la DGII, así como representantes del sector empresarial y otras instituciones relacionadas con el campo tributario y productivo del país, también estuvieron presentes en la actividad.
análisis oportuno
El presidente de la Corporación de la Zona Franca Santiago, Miguel Lama, mencionó que las grandes transformaciones se logran mediante un análisis adecuado y la capacidad de tomar decisiones bien fundamentadas.
“Fomentamos este tipo de foros convencidos de que acercar a las instituciones públicas y al sector privado ayuda a entender los cambios en la normativa y genera un entorno más propicio para el crecimiento de nuestras empresas”, comentó Lama.
Lama también destacó que el parque se ha unido recientemente a la red de la Asociación de Centros de Comercio Mundial. Con este significativo logro, el lugar se transforma en la primera zona franca en Centroamérica y el Caribe, y la cuarta en América Latina, que se suma a esta reconocida organización internacional.
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