Los niños juegan en la fuente de agua en Washington Square Park en medio de una ola de calor el 2 de julio de 2026 en la Nueva ciudad de Nueva York. Crédito: Shutterstock
El Diario, NUEVA YORK. — La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, enfrenta una creciente tensión con sectores del movimiento ambientalista que durante años impulsaron algunas de las políticas climáticas más ambiciosas de Estados Unidos, luego de que su administración modificara plazos, metas y mecanismos de cumplimiento establecidos en la legislación climática aprobada por el estado en 2019.
El giro ha abierto una disputa política de fondo sobre el futuro energético de Nueva York: mientras los grupos ambientalistas reclaman mantener el ritmo de reducción de emisiones y acelerar la transición hacia energías limpias, la administración de Hochul sostiene que las nuevas condiciones económicas y el aumento de los costos de la electricidad obligan a revisar los tiempos y mecanismos utilizados para alcanzar esos objetivos.
La controversia, además, se desarrolla en un escenario político particularmente sensible para la gobernadora, de cara a una nueva etapa electoral en la que el costo de la energía, la expansión de los centros de datos, la infraestructura eléctrica y el futuro de las fuentes renovables se han convertido en asuntos de creciente importancia para los votantes.
Una ley que colocó a Nueva York entre los líderes climáticos
La legislación climática aprobada en 2019 convirtió a Nueva York en uno de los estados estadounidenses con compromisos más agresivos para enfrentar el cambio climático.
El marco legal estableció objetivos de reducción de emisiones y una transición progresiva hacia una economía basada en energías de bajas emisiones, con metas que obligaban al gobierno estatal a desarrollar regulaciones y políticas concretas para modificar sectores como la generación eléctrica, los edificios, el transporte y la infraestructura energética.
Durante años, organizaciones ambientalistas consideraron esa legislación como una referencia nacional y presionaron para que sus objetivos fueran implementados de manera acelerada.
Sin embargo, la administración Hochul ha comenzado a introducir cambios que, según sus críticos, reducen la presión para cumplir con algunos de los compromisos originales.
Uno de los cambios más cuestionados consiste en extender hasta finales de 2028 el plazo para establecer determinadas regulaciones destinadas a reducir las emisiones, cuando originalmente se esperaba avanzar mucho antes.
Los ambientalistas también cuestionan la modificación del mecanismo utilizado para calcular las emisiones y consideran que algunos de los objetivos originalmente previstos para 2030 han quedado debilitados o desplazados hacia metas menos exigentes para años posteriores.
Hochul defiende su estrategia por el costo de la energía
La gobernadora ha defendido las modificaciones argumentando que Nueva York atraviesa un escenario energético distinto al que existía cuando fue aprobada la legislación.
El incremento de los costos de la electricidad y las dificultades para ampliar rápidamente la infraestructura necesaria para sostener la transición energética se encuentran entre los argumentos utilizados por la administración estatal.
Hochul también ha señalado el impacto de las políticas federales y los cambios en el panorama energético nacional como factores que obligan a Nueva York a actuar con mayor flexibilidad.
La posición de la gobernadora parte de una preocupación política cada vez más evidente: la transición energética no puede avanzar a un ritmo que termine trasladando costos excesivos a los hogares y empresas, especialmente en un estado donde el precio de la electricidad constituye uno de los principales problemas para consumidores y sectores productivos.
Para sus críticos, sin embargo, el problema es que modificar los plazos y metas climáticas puede terminar reduciendo la presión sobre las instituciones para cumplir los compromisos asumidos.
El malestar de los ambientalistas
La reacción de los grupos ecologistas ha sido especialmente fuerte porque algunos de ellos participaron directamente en la construcción del consenso político que permitió aprobar la ley climática de 2019.
Stephan Edel, director ejecutivo de NY Renews, coalición que participó durante años en ese proceso, ha cuestionado el rumbo adoptado por Hochul y considera que la gobernadora está intentando combinar una política energética más flexible con la imagen de Nueva York como referente de la lucha contra el cambio climático.
El conflicto, no obstante, no ha producido una ruptura absoluta entre la administración y el movimiento ambientalista.
Parte de las organizaciones mantiene abierta la posibilidad de trabajar con Hochul en aquellos asuntos donde todavía existen coincidencias, particularmente en materia de energía limpia, reducción de costos y oposición a proyectos considerados perjudiciales para el medio ambiente.
Gas, minería de criptomonedas y nuevos proyectos energéticos
El cambio de postura de Hochul no se limita a la modificación de los plazos de la legislación climática.
Los ambientalistas también han expresado preocupación por otras decisiones de la administración, entre ellas el retraso del mandato relacionado con la electrificación de edificios nuevos, acuerdos vinculados con operaciones de minería de criptomonedas abastecidas con gas y la aprobación de infraestructura relacionada con el transporte de gas natural.
Para los sectores más críticos, estas decisiones representan señales de que el gobierno estatal está dando mayor espacio a fuentes tradicionales de energía en momentos en que debería acelerar la sustitución de los combustibles fósiles.
Desde la administración, en cambio, se sostiene que la política energética debe combinar los objetivos ambientales con la necesidad de garantizar electricidad suficiente, estabilidad de precios y seguridad energética.
El factor electoral entra en escena
La disputa también está atravesada por la política electoral.
El vicegobernador Antonio Delgado, quien había buscado proyectarse como una alternativa más progresista a Hochul en materia ambiental, abandonó la contienda después de no conseguir el respaldo necesario.
El escenario dejó espacio para que la gobernadora enfrente un panorama en el que el debate ambiental ya no se limita a la reducción de emisiones, sino que está directamente relacionado con el precio de la electricidad y la capacidad del estado para garantizar energía suficiente.
Del lado republicano aparece Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, quien ha defendido una estrategia energética distinta y ha planteado ampliar el uso de gas natural y energía nuclear.
Blakeman también ha cuestionado determinadas políticas relacionadas con las fuentes renovables y ha prometido revisar el rumbo energético del estado si llega a la gobernación.
La disputa, por tanto, coloca a Hochul ante una doble presión: los ambientalistas le reclaman mantener sus compromisos climáticos, mientras los republicanos buscan convertir el costo de la energía en un argumento electoral contra los demócratas.
Ambientalistas respaldan a Hochul frente a los republicanos
A pesar de las diferencias, importantes organizaciones ambientales continúan considerando que Hochul representa una alternativa más favorable que su eventual rival republicano.
La Liga de Votantes por la Conservación de Nueva York respaldó a la gobernadora.
Su presidenta, Julie Tighe, ha planteado que no existe duda sobre cuál de las opciones políticas representa una mejor alternativa para los intereses ambientales del estado.
La posición refleja una realidad compleja dentro del movimiento ecologista: algunas organizaciones critican las decisiones de Hochul, pero consideran que una eventual administración republicana podría representar un retroceso todavía mayor en materia de regulación ambiental y transición energética.
Los centros de datos abren una posible vía de entendimiento
Uno de los asuntos que podría facilitar un acercamiento entre Hochul y los ambientalistas es la expansión de los grandes centros de datos.
La gobernadora estableció una moratoria estatal de hasta un año para determinados proyectos de grandes centros de datos, en medio de preocupaciones por el enorme consumo eléctrico que generan estas instalaciones y sus posibles efectos sobre la infraestructura energética y las facturas de los usuarios.
El crecimiento de la inteligencia artificial y de las plataformas digitales ha convertido a los centros de datos en grandes consumidores de electricidad.
En Nueva York, el debate gira alrededor de una pregunta cada vez más difícil de ignorar: ¿quién pagará por la energía adicional que necesitarán estas instalaciones?
Los ambientalistas han encontrado en este tema un punto de coincidencia con sectores políticos que, aunque no necesariamente comparten todas sus posiciones climáticas, también cuestionan el impacto de los megaproyectos sobre la red eléctrica.
La moratoria podría convertirse así en uno de los principales espacios de cooperación entre la administración estatal y organizaciones ambientalistas.
El movimiento ecologista cambia su estrategia
La tensión con Hochul también está obligando a los grupos ambientalistas a revisar su estrategia política.
En lugar de concentrar todo el discurso en metas climáticas de largo plazo, varias organizaciones están intentando demostrar que la transición hacia fuentes renovables también puede representar una estrategia para reducir costos y proteger a los consumidores frente a la volatilidad de los combustibles fósiles.
Vanessa Fajans-Turner, directora ejecutiva de Environmental Advocates NY, ha planteado la necesidad de fortalecer la capacidad política del movimiento para impedir que la acción climática sea presentada como incompatible con la asequibilidad energética.
La discusión supone un cambio importante en el discurso ambientalista.
Ya no basta con argumentar que Nueva York debe reducir sus emisiones. Las organizaciones también necesitan explicar cómo la transición energética puede beneficiar directamente al consumidor.
Una ruptura que todavía no parece definitiva
A pesar de la intensidad del enfrentamiento, varios dirigentes ambientalistas consultados para el análisis de Politico describieron la situación como un conflicto que todavía podría ser reversible.
Eric Miller, director regional de Evergreen Action, comparó el momento actual con una disputa temporal y no necesariamente con una ruptura definitiva.
La posibilidad de reconstruir la relación dependerá, en buena medida, de las próximas decisiones de la administración Hochul.
Ken Lovett, portavoz de la gobernadora, ha destacado que el gobierno estatal continúa trabajando con organizaciones ambientales en proyectos relacionados con energía limpia, incluida la expansión de la energía eólica marina y el desarrollo de proyectos solares.
La administración reconoce que existen desacuerdos sobre determinadas políticas, pero sostiene que mantiene conversaciones con organizaciones ambientalistas para avanzar hacia un sistema energético más sostenible.
Una batalla que va más allá del cambio climático
El conflicto entre Hochul y los ambientalistas refleja una discusión mucho más amplia sobre el futuro económico y energético de Nueva York.
La pregunta ya no es únicamente cuánto debe reducir el estado sus emisiones, sino a qué velocidad puede hacerlo, cuánto costará la transición y quién asumirá esos costos.
Para los ambientalistas, flexibilizar los objetivos climáticos puede poner en riesgo años de avances y enviar una señal negativa al resto del país.
Para la administración estatal, mantener objetivos rígidos sin considerar las condiciones económicas y energéticas actuales podría terminar afectando a los mismos ciudadanos que las políticas climáticas buscan proteger.
Mientras tanto, organizaciones como WE Act for Environmental Justice han participado en acciones legales relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones y posteriormente han cuestionado las modificaciones introducidas por la administración.
El escenario deja abierta una batalla política que probablemente continuará durante los próximos meses.
Hochul todavía conserva aliados dentro del movimiento ambientalista, pero la relación con una parte importante de las organizaciones que ayudaron a construir la agenda climática de Nueva York se encuentra bajo una presión considerable.
El desenlace dependerá de si la gobernadora logra demostrar que sus cambios representan una adaptación necesaria para proteger a los consumidores y garantizar la seguridad energética, o si sus críticos consiguen imponer la narrativa de que Nueva York está retrocediendo en una de sus principales políticas ambientales.
Por ahora, el movimiento ecologista parece haber optado por una estrategia pragmática: presionar a Hochul, cuestionar sus decisiones, pero mantener abierta la puerta del diálogo para intentar influir en lo que queda de su agenda climática.
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