El legislador de origen dominicano Adriano Espaillat encabezó la aprobación de la enmienda presupuestaria que frena el acceso de agencias federales a datos privados de los ciudadanos.
WASHINGTON, DC. – En una importante victoria legislativa para las libertades civiles en los Estados Unidos, el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat (NY-13), junto a la congresista Zoe Lofgren (CA-18) y el senador Ron Wyden (D-OR), lograron la aprobación bipartidista de una enmienda clave diseñada para clausurar de forma definitiva la denominada “laguna legal de los intermediarios de datos”.
La medida fue ratificada por el influyente Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes y establece un veto financiero absoluto: prohíbe de forma tajante que agencias de investigación criminal de la envergadura del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals) y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) empleen el dinero de los contribuyentes para comprar bases de datos privados de residentes o viajeros en territorio estadounidense.
Freno a la persecución de inmigrantes y elusión constitucional
Esta iniciativa legal se deriva directamente del proyecto de ley bipartidista conocido como “La Cuarta Enmienda No Está en Venta” (Fourth Amendment is Not For Sale Act). La urgencia de la enmienda radica en frenar un vacío legal explotado por corporaciones tecnológicas que recopilan y venden historiales de ubicación, registros de mensajería y datos de navegación a proveedores externos. Posteriormente, estas agencias de inteligencia adquirían dicha información sensible eludiendo el requisito constitucional de presentar sospechas fundamentadas ante un juez para emitir una orden de registro (Warrant).
Los legisladores promotores denunciaron con firmeza que este mecanismo de espionaje comercial fue utilizado de manera sistemática por la administración de Donald Trump para evadir las protecciones de la Cuarta Enmienda constitucional, facilitando la geolocalización y persecución selectiva de indocumentados, minorías y sectores de la oposición política.
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“Ahora más que nunca, en nuestra sociedad digitalmente conectada, es fundamental que nuestra información personal permanezca protegida y no sea fácilmente accesible ni vendida a agentes federales para facilitar los ataques selectivos del presidente Trump contra las comunidades inmigrantes y sus opositores políticos”, declaró con contundencia el congresista Adriano Espaillat tras validarse la pieza.
Respaldo en el Congreso norteamericano
Por su parte, la representante Zoe Lofgren recordó que los datos digitales abren una ventana directa a los aspectos más íntimos de la vida de las personas, por lo que el Congreso tiene la obligación moral de proteger la privacidad ciudadana frente a los abusos del poder federal.
En esa misma línea, el senador Ron Wyden elogió la tenacidad del legislador dominicano por ejercer una presión total dentro del aparato presupuestario de la Cámara Baja. “Ya es hora de que el Congreso ponga freno a los turbios intermediarios de datos y a la adquisición de información sensible por parte del gobierno sin ningún tipo de supervisión judicial”, puntualizó Wyden, consolidando un impulso histórico que ahora deberá ser refrendado por el pleno del Congreso de los Estados Unidos.
Sobre el autor
José Abreu, periodista, máster en periodismo digital; articulista de opinión y director NoticiasEnlineaRD.
