Fijamos nuestra postura sobre el polémico acuerdo TCNA firmado con EE. UU. Exigimos transparencia absoluta y el fin del secretismo migratorio.
POR JOSE ABREU
La República Dominicana se encuentra ante un nuevo dilema de alta sensibilidad geopolítica. La firma del Memorando de Entendimiento bajo la iniciativa estadounidense “Escudo de las Américas” —regulado internacionalmente como un Acuerdo de Terceros Países Nacionales (TCNA)— ha encendido las alarmas de una sociedad que históricamente recela de cualquier tutela o compromiso migratorio impuesto desde el exterior.
El canciller Roberto Álvarez ha salido apresuradamente a la palestra pública para asegurar que este convenio no convierte al país en un “Tercer País Seguro”, enfatizando que no se incluirá a nacionales haitianos ni a menores no acompañados. Sin embargo, el discurso técnico del Palacio oficialista choca de frente con una realidad inocultable: el hermetismo. La sociedad civil y las fuerzas políticas de oposición denuncian con justificada razón que el Gobierno ha sido incapaz de transparentar los datos más básicos de este pacto. A la fecha, nadie en la administración del presidente Luis Abinader ha sabido detallar cuántos son los denominados “terceros países”, a cuántos nacionales se les dará cobijo temporal y, lo más preocupante, bajo qué plazos logísticos y jurídicos operará este puente migratorio administrado por Washington.
No se puede pecar de ingenuidad diplomática. En la práctica, aceptar la figura de tránsito administrado coloca al territorio dominicano como un “depósito” o centro de acopio migratorio satélite de los Estados Unidos. Esta concesión pone en tela de juicio la firmeza que el presidente Abinader mostró el año pasado, cuando prometió de forma categórica que la República Dominicana no cedería a presiones extranjeras para albergar flujos migratorios indeterminados.
La soberanía nacional no se defiende con eufemismos burocráticos ni con ruedas de prensa de control de daños. Si el acuerdo con los Estados Unidos es verdaderamente inofensivo, el Poder Ejecutivo tiene la obligación inmediata de publicar íntegramente el documento suscrito. Jugar al secretismo en temas de soberanía y migración solo alimenta la desconfianza legítima de un pueblo que se niega a que su suelo sea utilizado como el patio trasero de los intereses norteamericanos. Es hora de actuar con transparencia absoluta, antes de que el costo político e institucional sea irreversible.
