Comunitarios y agricultores de San José de Ocoa se mantienen vigilantes en las riberas del río Ocoa para impedir que granceras clandestinas continúen con la extracción indiscriminada de materiales que amenaza la producción agrícola de la zona. (Foto: Fuente externa / noticiasenlineard).
Por NoticiasenlineaRD
SAN JOSÉ DE OCOA, RD.– Residentes de las comunidades de Los Ranchitos, Bayona y Arenoso se declararon en pie de lucha para impedir que granceras clandestinas continúen destruyendo el río Ocoa. Los denunciantes catalogan la situación como un ecocidio que ocurre ante la total indiferencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Líderes comunitarios y agrícolas de la zona advirtieron que la extracción indiscriminada de materiales, ejecutada día y noche desde hace un año, provocó una reducción crítica en el caudal del acuífero. Esta situación pone en peligro directo la producción agrícola de la provincia.
Alerta por la agricultura
Jorge Luis Presinal, presidente de la junta de vecinos, denunció el abandono de las autoridades gubernamentales: “Hemos enviado mensajes a Medio Ambiente para que vengan en auxilio de los agricultores y no han hecho caso”.
Presinal explicó el impacto económico de esta crisis hídrica:
- Área afectada: El río alimenta un canal unificador clave para la región.
- Tierras en riesgo: El sistema irriga 44 mil tareas de cultivos.
- Alcance: El daño se extiende desde la sección Los Ranchitos hasta Palmar de Ocoa.
- Impacto actual: El canal se seca de forma constante por la drástica disminución del agua del río.
Promesas rotas y permisos vencidos
La dirigente comunitaria Pamela Ureña afirmó que los pobladores bloquearán de forma definitiva el acceso a los camiones. Detalló que las granceras operaban bajo la promesa de reparar el camino principal y otorgar compensaciones económicas a las comunidades, compromisos que fueron totalmente incumplidos.
Por su parte, William Lara, miembro de la Junta de Regantes de San José de Ocoa, aclaró que la presencia actual de agua se debe únicamente a las lluvias recientes, pero insistió en que el cauce natural del río ya fue severamente destruido.
La comunidad recordó que la única intervención autorizada inicialmente fue un permiso de limpieza otorgado al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) en el contraembalse local. Debido al incumplimiento de los acuerdos, las autoridades de la junta de vecinos procedieron a expulsar a los operarios del lugar.
Los agricultores y comunitarios advirtieron que las protestas se intensificarán si las autoridades de Medio Ambiente no intervienen de manera inmediata para paralizar de forma definitiva las excavaciones clandestinas.
