El legislador Francisco Paulino, de origen hispano enfrenta 11 cargos penales tras ser acusado de desviar de manera fraudulenta más de 700,000 dólares en fondos de ayuda para la COVID-19. Fuente eterna.
BOSTON.– En medio de un severo escándalo político que sacude a la comunidad hispana en los Estados Unidos, agentes federales arrestaron este miércoles al legislador de origen dominicano Francisco Paulino, quien se desempeña como representante estatal de Massachusetts por el Distrito 16 de Essex. La captura se produjo tras la presentación de una acusación formal por parte de un gran jurado federal en la ciudad de Boston.
Paulino, un conocido líder comunitario residente en la localidad de Methuen, enfrenta un complejo proceso judicial tras ser señalado como el presunto cerebro de un esquema delictivo que obtuvo de forma fraudulenta más de 700,000 dólares en fondos de asistencia pública.
Desvío de fondos de alivio pandémico y empresarial
De acuerdo con el expediente acusatorio instrumentado por la Fiscalía Federal, los recursos sustraídos corresponden a prestaciones por desempleo relacionadas con la emergencia sanitaria de la COVID-19, así como a préstamos de alivio financiero destinados originalmente al rescate de pequeñas empresas afectadas por la parálisis económica mundial.
La acusación formal que pesa sobre el legislador dominicano incluye un total de once cargos criminales. Los investigadores federales sostienen que Paulino falsificó documentos de identidad, manipuló registros financieros y utilizó su posición de influencia para canalizar los fondos del Gobierno Federal hacia cuentas bancarias personales y corporativas bajo su control.
Impacto en la política de Massachusetts
Francisco Paulino representa un circuito clave que abarca populosas zonas de las ciudades de Lawrence y Methuen, demarcaciones que concentran un alto porcentaje de familias de la diáspora dominicana en Massachusetts. Su arresto ha provocado reacciones inmediatas en la Cámara de Representantes estatal, donde diversos sectores políticos ya exigen su destitución o suspensión inmediata del cargo legislativo.
El político dominicano compareció ante un juez federal en Boston para la lectura formal de las imputaciones, dando inicio a un juicio penal que, de resultar en un veredicto de culpabilidad, podría acarrearle severas penas de prisión en una penitenciaría federal, además de la restitución total de los fondos públicos desviados.
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